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En un gesto inédito de apertura democrática, el Gobierno de Colombia ha decidido transferir a las maestras y maestros del país un poder que históricamente les fue negado: el de decidir sobre su propio sistema de salud. A partir del 19 de junio, miles de docentes podrán participar en una serie de Comisiones de Salud que buscan redefinir, desde las regiones, el modelo que regirá la atención médica del magisterio a partir de 2025.
Se trata de un proceso participativo sin precedentes, liderado por el Ministerio de Educación Nacional en cabeza del ministro Daniel Rojas Medellín, junto con el Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y en coordinación con la Fiduprevisora, entidad encargada de ejecutar los recursos. La apuesta no es solo técnica ni burocrática: es política y ética. Por primera vez, los actores centrales del sistema —los docentes— no serán meros beneficiarios sino protagonistas activos en la construcción del modelo que debe garantizar su salud y dignidad.
Las comisiones se llevarán a cabo en distintas regiones del país, empezando por Bogotá, donde están programadas sesiones con los sindicatos ADEC y ADE los días 19 y 20 de junio. Le seguirá el departamento del Chocó, el 26 de junio, en una cita organizada junto al sindicato UMACH. En cada encuentro, los maestros conocerán la red de prestadores habilitados en sus territorios, resolverán dudas y podrán ejercer libremente su derecho a elegir qué instituciones desean que los atiendan. El objetivo es claro: construir desde abajo un sistema eficiente, transparente y digno.
Este ejercicio de participación ciudadana tiene resonancia más allá de las fronteras nacionales. En un contexto latinoamericano marcado por crisis estructurales en los sistemas de salud pública y por la desconfianza hacia las instituciones, Colombia se atreve a invertir la lógica tradicional: no son las autoridades quienes deciden por la población, sino que es la comunidad educativa quien toma la palabra y define su destino.
Desde la llegada del ministro Rojas Medellín, el Ministerio ha liderado más de 200 encuentros técnicos, administrativos y participativos para diagnosticar, auditar y corregir el funcionamiento del FOMAG. Lo que antes era opacidad y silencio hoy se transforma en diálogo y veeduría social. Cada comisión no solo busca evaluar, sino también reparar una deuda histórica con los educadores del país.
La salud, como la educación, es un derecho esencial y un pilar de la democracia. Que sean los propios docentes quienes evalúen y elijan su red de atención no es solo un avance administrativo: es un mensaje de profundo calado internacional. Frente al deterioro de los sistemas públicos en muchos países, Colombia apuesta por la confianza en su gente. Y eso -más allá de sus resultados inmediatos- ya marca un precedente.
Desde cualquier rincón del continente, esta noticia interpela a gobiernos, sindicatos y ciudadanos: cuando se trata de derechos fundamentales, los cambios duraderos nacen del protagonismo colectivo, no de decretos. Colombia lo está intentando. Y los ojos del mundo deberían tomar nota.
carloscastaneda@prensamercosur.org
