España está aumentando el gasto en defensa para alcanzar el compromiso del 2% antes de fin de año. El Gobierno ya anunció en abril un gasto extraordinario de 10.471 millones de euros, al que sumó otros 4.000 millones este mes de junio a través de modificaciones presupuestarias. Sin embargo, algunas inversiones llamaron la atención: además de mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas o la ciberseguridad, las partidas incluyen la fabricación y adquisición de nuevas capacidades en telecomunicaciones y medios para afrontar la lucha contra el cambio climático o gestionar desastres naturales. Otros miembros de la OTAN como el Reino Unido, Francia o Polonia también han anunciado aumentos de gasto en este sentido.
A menudo se asocia el concepto de seguridad a la defensa de la soberanía e independencia, la integridad territorial y el orden constitucional de un Estado. Pero va mucho más allá. A estos desafíos tradicionales se suman amenazas crecientes ya conocidas como los ciberataques y las campañas de desinformación, y otras que no se consideraban como tal, como las crisis sanitarias, las tensiones energéticas o los fenómenos climáticos extremos. Las inversiones para hacerles frente apuntan a lo mismo que las del ámbito militar tradicional: sostener tanto la estabilidad interna como la proyección internacional de los Estados.
Las nuevas amenazas del siglo XXI
La globalización y el avance de la tecnología también han dado lugar a nuevas amenazas. En este contexto, la ciberseguridad ha adquirido cada vez más importancia, con millones de ciberataques de distinto tipo al año en el mundo. En los últimos años, el sector público y privado en España han sido objeto de miles de casos a través de los cuales hackers anónimos han logrado acceder a bases de datos sensibles. Con ello se ha visto comprometida información personal, financiera y fiscal de ciudadanos, empleados públicos, empresas y altos cargos políticos.
Publicado por: Juan Rivas
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