Imagen Alcaldía de Kennedy
Con decisión y contundencia, la Alcaldía Local de Kennedy ha encendido las alertas y lanzado una ofensiva directa para proteger a la niñez del peligro silencioso que ronda los entornos escolares: la venta ilegal de licor cerca de las instituciones educativas. En una jornada que marca el inicio de una estrategia sostenida y de alto impacto, autoridades distritales intervinieron nueve establecimientos comerciales, clausurando dos de ellos por incumplimientos graves.
La acción se desplegó el pasado 10 de junio en los barrios Marsella y Jackeline, donde operativos conjuntos de la Alcaldía, la Policía Nacional y varias secretarías distritales pusieron bajo la lupa a negocios que operan en las cercanías de colegios. El foco: impedir el expendio de bebidas alcohólicas que terminan en manos de menores de edad, un fenómeno que preocupa cada vez más a la comunidad.
“Este es solo el comienzo de una estrategia que vamos a mantener activa. La seguridad de nuestros estudiantes y la recuperación de los entornos escolares es una prioridad”, declaró Karla Marín, alcaldesa local de Kennedy, con tono firme y compromiso claro.
Las autoridades no solo verificaron licencias y condiciones de funcionamiento, sino que socializaron con los comerciantes el alcance del artículo 87 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que prohíbe de forma categórica el expendio de alcohol a menores y sanciona su consumo en espacios públicos, especialmente en zonas escolares.
La intervención fue una respuesta directa a múltiples denuncias de vecinos, padres de familia y docentes, que alertaron sobre la venta irregular de licor en inmediaciones de escuelas y colegios. En varios casos, se sospecha incluso del consumo de bebidas embriagantes dentro de los mismos establecimientos educativos, encendiendo una alarma que las autoridades se niegan a ignorar.
De los nueve negocios inspeccionados, siete fueron objeto de procesos pedagógicos y advertencias formales sobre las consecuencias legales de su conducta. Uno de los cierres se produjo de manera voluntaria, mientras que el otro fue ordenado por incumplir las condiciones mínimas de legalidad y salubridad.
La administración local ha dejado claro que este operativo no será un hecho aislado. En los próximos días se desplegarán nuevas jornadas en otros puntos críticos de la localidad, con especial vigilancia sobre negocios reincidentes. La meta es tan ambiciosa como urgente: erradicar cualquier práctica que ponga en riesgo a los estudiantes y devolverle a las zonas escolares el carácter de refugio seguro que merecen.
Con este primer paso, Kennedy sienta un precedente que bien podría replicarse en otras localidades de Bogotá. Una señal de que cuando la infancia está en juego, no hay espacio para la permisividad.
carloscastaneda@prensamercosur.org
