Gustavo Petro, presidente de Colombia , firma el decreto de la consulta popular
En una movida sin precedentes en el pulso entre Ejecutivo y Legislativo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto que convoca oficialmente a una Consulta Popular sobre la Reforma Laboral, una de las apuestas sociales más ambiciosas de su gobierno. El anuncio lo hizo él mismo, directamente, a través de su cuenta en la red social X, marcando un momento clave en su mandato y en la política colombiana contemporánea.
“Firmé el decreto que convoca la Consulta Popular”, escribió el mandatario, pero añadió de inmediato una advertencia que abre una vía alternativa: “Si el Congreso responde afirmativamente los puntos que se preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, entonces el decreto se derogará”.
La declaración deja claro que Petro no busca desafiar al Congreso, sino más bien presionarlo con una herramienta de poder ciudadano. El mensaje es rotundo: si el poder constituido —el Senado— legisla en favor de los principios fundamentales de la Reforma, la Consulta se volvería innecesaria. Pero si los legisladores cierran esa puerta, será el pueblo quien decida en las urnas.
A pocas semanas del cuarto y último debate de la Reforma Laboral en el Senado, la jugada presidencial lanza una señal potente a la institucionalidad del país: el diálogo está abierto, pero la determinación del Ejecutivo es firme. El decreto, por su parte, ya ha sido remitido a la Corte Constitucional para su revisión, un paso que subraya la intención del gobierno de actuar dentro del marco democrático.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reforzó esta visión al señalar que, si el Senado da luz verde a los aspectos esenciales de la iniciativa, el decreto sería retirado. “Supongamos que se firme el decreto; en caso de que el Senado apruebe la Reforma Laboral, se deroga el decreto”, explicó con franqueza.
Más allá de la coyuntura legislativa, el gesto del presidente Petro eleva el debate a una dimensión más profunda: la de la participación directa del pueblo en decisiones estructurales. En tiempos de desafección democrática y crisis de representación en buena parte del continente, la posibilidad de una Consulta Popular en Colombia no es solo un recurso institucional; es una declaración política de primer orden.
La firma del decreto, su posible derogatoria y el mensaje subyacente revelan a un gobierno dispuesto a caminar por el filo de la legalidad participativa para hacer avanzar su agenda social. El desenlace, aún incierto, pondrá a prueba no solo la fortaleza del Ejecutivo, sino también la capacidad del Congreso colombiano para interpretar el momento histórico que enfrenta.
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