Colombia | Primera ofensiva judicial contra la consulta popular de Petro: tutela exige frenar el ‘decretazo’ presidencial


En un movimiento que podría marcar un punto de inflexión en el escenario político colombiano, el jurista Germán Calderón España ha interpuesto una tutela de alto calibre contra el presidente Gustavo Petro, cuestionando la legalidad de su convocatoria a una consulta popular prevista para el próximo 7 de agosto. La acción, dirigida al Consejo de Estado, pone en jaque el mecanismo impulsado por el Gobierno nacional, que contempla someter a votación ciudadana doce preguntas relacionadas con la reforma laboral, una de las apuestas más ambiciosas del actual mandatario.
Calderón España argumenta que el Ejecutivo ha incurrido en una violación flagrante de derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, el principio de legalidad y los procedimientos que rigen la participación ciudadana a través de consultas populares. El centro del reclamo jurídico reside en que la Casa de Nariño habría pasado por alto el concepto negativo del Senado de la República, instancia que se pronunció mayoritariamente en contra de la iniciativa. En palabras del abogado, “la convocatoria invade límites competenciales y funcionales del Congreso”, desbordando así lo establecido en el artículo 104 de la Constitución.
La tutela no solo pone en entredicho la legitimidad del llamado presidencial a las urnas, sino que también busca una orden judicial concreta: que se suspenda de inmediato el proceso de consulta popular. En un país donde las tensiones entre los poderes públicos se intensifican y el debate sobre las reformas estructurales está al rojo vivo, esta acción legal podría encender una nueva disputa institucional, con consecuencias profundas tanto en el ámbito jurídico como político.
La decisión del Consejo de Estado frente a esta tutela será seguida de cerca, no solo por los actores nacionales, sino también por observadores internacionales atentos a la solidez democrática del país andino. La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo por los mecanismos de participación popular entra así en una nueva y compleja etapa, en la que el papel de la justicia será decisivo.
