Colombia debate su reforma laboral bajo presión política, tiempo límite y un país polarizado


Congreso de Colombia
En medio de una creciente tensión política y una carrera contra el reloj, el Congreso de Colombia retoma este martes 11 de junio el debate sobre la reforma laboral, una de las piezas más emblemáticas y controvertidas del proyecto social del presidente Gustavo Petro. La reforma, que busca transformar profundamente las condiciones de trabajo en el país, enfrenta un destino inminente: si no es aprobada antes del 20 de junio, será archivada de forma definitiva.
Este reinicio legislativo llega luego de una pausa marcada por el atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay el pasado sábado, hecho que conmocionó al país y llevó al Congreso a suspender sus sesiones en señal de solidaridad. Sin embargo, la pausa también encendió nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, anunció que el debate se reanudará este martes, con el compromiso de las bancadas de avanzar sin pausa hasta llevar el texto a conciliación con la Cámara de Representantes.
Pero el regreso al Capitolio no ocurre en un vacío político. El presidente Petro ha lanzado acusaciones directas contra el Senado, señalando una presunta estrategia para dilatar el trámite de la reforma y obstaculizar, al mismo tiempo, la posibilidad de convocar a una consulta popular. Petro, que aún tiene la facultad legal de convocar al pueblo a las urnas a través del mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Ley 1757, afirmó que estaba dispuesto a congelar esta opción si el Congreso daba luz verde a la reforma laboral.
“No obstante —denunció el mandatario—, el Congreso fue cerrado el martes, dejándome solo un día para tomar una decisión sobre la consulta, en lo que parece una maniobra deliberada para sabotear cualquier avance”. En su intervención pública, Petro fue más allá y afirmó que el atentado contra el senador Uribe, que calificó como un hecho lamentable, fue instrumentalizado políticamente para bloquear tanto la consulta popular como la reforma.
“Usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo, no solo de la consulta, sino de un debate profundo sobre el mundo del trabajo en Colombia”, dijo el presidente, elevando la temperatura de una confrontación que ya rebasa las fronteras del Capitolio y pone en juego la gobernabilidad misma.
La reforma laboral, que ya había sido hundida en marzo por la Comisión Séptima del Senado, logró una inesperada resurrección jurídica tras una apelación. Pero su futuro pende ahora de los pocos días que le quedan a una legislatura fragmentada, en la que cada movimiento es leído como parte de una pugna mayor entre un Ejecutivo reformista y un Congreso dividido.
En este ambiente polarizado, el Congreso se ve forzado a legislar en una delgada línea entre la urgencia institucional y la desconfianza mutua. Lo que está en juego no es solo una reforma laboral, sino el equilibrio entre poderes, la legitimidad de los procesos democráticos y el rumbo social de uno de los países más desiguales del continente. El reloj avanza y el país observa.
