Presidente de Colombia, Gustavo Petro- Presidente del Senado, Efraín Cepeda
En un momento de creciente tensión política y violencia electoral, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia sin precedentes: “No más sedición y búsqueda de golpes. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama: mafia”. La declaración no fue retórica. Fue una respuesta directa a un acto que el Gobierno calificó como un intento de romper el orden constitucional: la convocatoria, por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda, a una reunión cerrada con la cúpula militar sin la presencia del jefe de Estado.
La solicitud de Cepeda, justificada en nombre de la seguridad de los candidatos tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, fue interpretada en distintos sectores como un movimiento de alto riesgo institucional. Al buscar deliberadamente excluir al presidente Petro -comandante en jefe de las Fuerzas Militares- de una conversación sobre seguridad nacional, Cepeda desató una tormenta política cuyas consecuencias aún están por medirse.
Hemos sentido falta de garantías de parte del Gobierno nacional por los hostigamientos y lenguaje de odio, por eso esperamos que desde la Casa de Nariño se desescale el lenguaje.
Los partidos independientes y de oposición agradecemos la comisión de seguimiento electoral de la… pic.twitter.com/u24zJVFXsq
— Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) June 10, 2025
El presidente respondió desde su cuenta de X, sin rodeos ni tecnicismos. Habló de unidad, diálogo y paz, pero también de intentos velados de subversión institucional. Rechazó cualquier contacto entre mandos militares y líderes políticos que no incluya al Ejecutivo. Su mensaje fue tajante: el poder civil y la legitimidad democrática no pueden ponerse en pausa ni relativizarse en momentos de crisis.
La controversia ocurre en medio de una ola de violencia política que ha sacudido al país. Solo en un día, se registraron 24 atentados. Petro, lejos de eludir el desafío, solicitó apoyo internacional para esclarecer el intento de asesinato contra Uribe Turbay. Reveló que el arma del sicario fue comprada en Arizona y que su ruta incluyó la Florida, lo que ha activado canales de cooperación con agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Además, convocó de urgencia a la cúpula militar en Cali, epicentro de múltiples ataques recientes, para evaluar nexos entre grupos armados ilegales y estructuras políticas corruptas. La reunión, celebrada con carácter reservado, marca un punto de inflexión: el Estado empieza a mirar el fenómeno no solo como un problema de orden público, sino como un ataque frontal al sistema democrático por parte de alianzas entre crimen organizado y sectores políticos oscuros.
Desde el Congreso, incluso voces opositoras han salido a respaldar la postura del presidente. La representante Jennifer Pedraza advirtió: “No se puede defender la separación de poderes y al tiempo desconocer al Ejecutivo. Lo que está pasando es gravísimo”. Su declaración refleja una creciente preocupación por los límites de la confrontación política y la necesidad de cerrar filas frente a lo que ya no es una pugna ideológica, sino una amenaza directa al orden institucional.
La tentativa de Cepeda no solo abre un debate sobre el rol del Legislativo en materia de seguridad nacional, sino que expone con crudeza una fractura mayor: la falta de consenso sobre el respeto a las reglas del juego democrático. En lugar de construir puentes, sectores de la oposición parecen dispuestos a cruzar líneas rojas con tal de minar la legitimidad del Gobierno.
En una democracia en jaque, la institucionalidad no se protege con maniobras oscuras ni con atajos legales. El episodio deja claro que, más allá de las diferencias políticas, Colombia enfrenta un desafío mayor: la necesidad de blindar su democracia de los tentáculos de la mafia y de los intereses que, desde dentro del Estado, parecen decididos a desestabilizarla.
carloscastaneda@prensamercosur.org
