La atención oncológica en Paraguay enfrenta una crisis que podría comprometer la vida de miles de pacientes. El Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), principal centro de referencia en tratamientos contra esta enfermedad, opera bajo un presupuesto crítico que no cubre las necesidades mínimas para garantizar un servicio adecuado. En este contexto, gremios médicos, asociaciones de pacientes y familiares, junto con organizaciones sociales, han intensificado sus reclamos, exigiendo una respuesta urgente por parte del Estado.
En medio de esta situación, el día de ayer se llevó a cabo una reunión de urgencia entre representantes del INCAN, sindicatos como SIFUCAN, SEINC y UTINC, la Asociación de Pacientes y Familiares con Cáncer (APACFA) y la Fundación Las Elegidas. Durante el encuentro, se entregó una nota formal a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social solicitando medidas inmediatas ante el déficit presupuestario que afecta al sistema público oncológico.
La crítica situación financiera no solo amenaza la calidad del servicio, sino también la continuidad de los tratamientos para más de 8.500 pacientes oncológicos que dependen del sistema público. Entre ellos, 7.400 son atendidos directamente en el INCAN y hospitales dependientes del Ministerio de Salud, mientras que otros 900 provienen del Instituto de Previsión Social (IPS) y alrededor de 200 son derivados desde clínicas privadas debido a los altos costos en el sector privado.
Para el ejercicio fiscal 2025, el presupuesto asignado al INCAN asciende a 677.826 millones de guaraníes. Sin embargo, más del 76% de este monto ya está comprometido en salarios, funcionamiento operativo y pagos de deudas anteriores, dejando un margen limitado para cubrir necesidades críticas como medicamentos, insumos médicos, mantenimiento de infraestructura y equipos.
Uno de los aspectos más alarmantes se encuentra en el objeto de gasto 350, destinado a productos químicos y medicinales. La asignación actual es de 516.779 millones de guaraníes, mientras que la necesidad real estimada supera los 2,1 billones de guaraníes (aproximadamente 284 millones de dólares). Esta cifra incluye no solo los requerimientos del INCAN, sino también los de hospitales regionales, el IPS y clínicas privadas que remiten pacientes al sistema estatal.
Además de los medicamentos, el sistema enfrenta carencias graves en áreas fundamentales:
– **Reactivos de laboratorio:** Se requieren 38.000 millones de guaraníes.
– **Mantenimiento de equipos médicos e industriales:** Más de 27.000 millones.
– **Tercerización de estudios especializados (PET, centellografías y radioterapias):** 16.000 millones.
– **Adecuaciones edilicias urgentes:** Al menos 5.000 millones.
El Dr. Hernán Ortiz, médico del INCAN y vocero de los gremios médicos, destacó la importancia estratégica del instituto dentro del sistema nacional de salud. “El INCAN no solo atiende a sus propios pacientes; sostiene toda la red pública oncológica. Absorbe la carga proveniente del IPS, hospitales regionales e incluso del sector privado. La red está completamente interconectada”, explicó.
Ortiz subrayó que el presupuesto actual no refleja esta realidad extendida y advirtió sobre las consecuencias graves que podría tener la falta de recursos. “Estamos obligados a priorizar solo los casos más urgentes. Eso implica demoras críticas y, muchas veces, significa llegar tarde para muchos pacientes”, lamentó.
Ante esta problemática, gremios médicos y organizaciones de pacientes han reiterado la necesidad impostergable de que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de ley que busca aumentar el presupuesto del INCAN en 304.000 millones de guaraníes. Este incremento permitiría paliar parte del déficit actual y garantizar una atención más equitativa y oportuna.
La situación trasciende lo financiero: es una cuestión ética y social. Garantizar los recursos necesarios para el INCAN es una responsabilidad del Estado que no puede ser postergada. Miles de vidas dependen de un sistema oncológico funcional y adecuadamente financiado.
La crisis presupuestaria del INCAN pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema público oncológico en Paraguay. Con más de 8.500 pacientes dependientes de su atención y una demanda creciente que supera ampliamente los recursos disponibles, es imperativo que las autoridades actúen con celeridad para evitar un colapso que tendría consecuencias devastadoras.
La aprobación del proyecto de ley en el Congreso Nacional no solo representa un alivio financiero para la institución, sino también una muestra de compromiso hacia los pacientes que enfrentan una enfermedad tan compleja como el cáncer. Como sociedad, no podemos permitir que la falta de recursos económicos limite el acceso a tratamientos que pueden salvar vidas.
