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En un giro inesperado para una de las regiones más amenazadas del planeta, Colombia ha registrado una caída del 33% en la deforestación de su Amazonía durante el primer trimestre de 2025. El anuncio lo hizo este miércoles la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada Añokazi, quien atribuyó el descenso a una estrategia que combina acuerdos comunitarios, presencia estatal sostenida y acciones coordinadas contra redes criminales que operan en la selva.
“Pasamos de 40.219 hectáreas deforestadas en el primer trimestre de 2024 a 27.000 hectáreas en el mismo periodo de este año. Es un resultado que confirma que el camino de la acción integral funciona”, afirmó la ministra desde Bogotá. El informe de Detección Temprana del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirma no solo la tendencia a la baja, sino también un repliegue en los focos críticos de destrucción.
De los 18 núcleos activos de deforestación identificados en todo el país, 13 se concentran en la Amazonía y el resto en zonas como la Serranía de San Lucas, el Catatumbo, Arauca y el norte del Pacífico. Pero el avance más esperanzador se dio en los parques nacionales de la Amazonía: allí la deforestación cayó un 54%, destacando reservas como Chiribiquete, Tinigua, La Macarena y La Paya, donde históricamente la tala ilegal ha devastado hábitats únicos.
La funcionaria fue enfática al subrayar que los resultados no son fruto del azar. El Plan Integral de Contención de la Deforestación, pieza clave de la política ambiental del Gobierno del Cambio, ha articulado una red de intervención que va desde el diálogo con comunidades indígenas y campesinas hasta operativos coordinados con la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. “Hemos golpeado estructuras criminales, incluso capturando personas vinculadas al propio sector ambiental. Cuando es necesario, desplegamos la Fuerza Pública para proteger nuestros bosques”, señaló Estrada.
La Amazonía colombiana concentra el 69% de toda la deforestación nacional, por lo que la reducción registrada es significativa. Meta, Caquetá y Guaviare lideraron la recuperación: en estos tres departamentos la tala bajó entre un 27% y un 41%. Solo Putumayo presentó un aumento leve del 13%, equivalente a 271 hectáreas.
El avance no significa que la amenaza haya desaparecido. Las causas estructurales —acaparamiento de tierras mediante praderización, ganadería extensiva, cultivos ilícitos, minería ilegal, expansión de la frontera agrícola y construcción de vías ilegales— persisten. Pero el Gobierno ahora redobla su apuesta con una ambiciosa agenda territorial que se desarrollará en los próximos cuatro meses.
“Hemos convocado a todos los actores del Sistema Nacional Ambiental: corporaciones autónomas, institutos de investigación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales, y por primera vez, autoridades ambientales indígenas. Vamos a sentar a todos en la misma mesa”, explicó Estrada.
Los encuentros iniciarán en junio en Villavicencio con autoridades de Amazonía y Orinoquia; seguirán en julio con las entidades del Caribe insular y el Pacífico en La Mojana; en agosto en Cúcuta con la región central; y culminarán en septiembre con una cumbre en Bogotá y la Sabana.
La lucha contra la deforestación en Colombia ha dejado de ser un discurso para convertirse en política de Estado, respaldada por datos, territorios movilizados y una ciudadanía que exige resultados. Si la tendencia se mantiene, el país podría posicionarse como líder regional en conservación, en un momento crítico para el futuro del planeta.
carloscastaneda@prensamercosur.org
