En un giro inesperado dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro, Eduardo Montealegre, exfiscal General de la Nación y figura central del derecho penal colombiano, asumirá el Ministerio de Justicia. Así lo confirmó él mismo en declaraciones a W Radio, sellando el inicio de una etapa que podría redefinir la política criminal y judicial del país en medio de uno de los momentos más complejos de su historia reciente.
Montealegre reemplazará a Ángela María Buitrago, quien deja el cargo tras un breve pero significativo paso por la cartera. Con esta designación, el Gobierno apuesta por un perfil técnico, con una sólida trayectoria en las altas esferas del poder judicial y una postura crítica frente a las estructuras tradicionales del sistema penal colombiano.
Eduardo Montealegre es abogado del Externado de Colombia, con especialización en derecho penal en la misma universidad y estudios avanzados en la Universidad de Bonn, Alemania. Su recorrido profesional es tan extenso como influyente: juez penal, conjuez de los tribunales de Bogotá y Cundinamarca, magistrado de la Corte Constitucional, viceprocurador General de la Nación y, entre 2012 y 2016, fiscal General, cargo en el que se enfrentó a las estructuras del paramilitarismo y defendió con vehemencia una justicia más garantista.
No es la primera vez que su nombre genera controversia o esperanza, según de qué lado se lo mire. Montealegre ha sido un defensor firme de una justicia penal humanista y, en su paso por la Fiscalía, impulsó investigaciones de alto impacto contra redes de corrupción y crímenes de lesa humanidad. Fue también uno de los expertos que propuso en 2012 una transformación estructural de la justicia penal militar, alineándose con los principios del derecho internacional humanitario.
Su regreso, ahora como ministro de Justicia, no será un simple cambio de figura. Marca un viraje estratégico en el enfoque del Gobierno hacia la legalidad, el sistema penitenciario y las reformas judiciales que aún están pendientes en el Congreso. En tiempos de polarización política, crisis carcelaria y reclamos por una justicia más cercana al ciudadano, la figura de Montealegre se levanta como una apuesta de alto riesgo y alta expectativa.
La noticia ha resonado más allá de las fronteras colombianas. La llegada de un jurista con formación internacional y experiencia en tribunales de alto nivel es leída por analistas como un intento del presidente Petro de reforzar la legitimidad institucional de su proyecto de reformas. Montealegre, polémico, académico y curtido en las tensiones del poder, tendrá que conciliar su visión de justicia con los desafíos políticos que implica gobernar en coalición.
Colombia mira con atención su retorno al escenario central del Estado. Esta vez, no como fiscal, sino como arquitecto de las reformas que podrían reescribir el pacto entre justicia y democracia.
