En un giro sin precedentes en la historia reciente de Colombia, el Gobierno anunció este martes por la noche que convocará, por decreto, una consulta popular que había sido previamente hundida por el Congreso de la República. La decisión no solo desató una tormenta política, sino que puso en jaque el delicado equilibrio institucional del país. “Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, afirmó con contundencia el presidente Gustavo Petro.
El detonante de este enfrentamiento institucional se remonta a la polémica votación que tuvo lugar en el Congreso, en la que, según denunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, se habría manipulado el sentido del voto. De acuerdo con su relato, un legislador habría emitido inicialmente un voto afirmativo, pero este fue modificado posteriormente por el secretario del Congreso para que constara como negativo. Una acusación que, de confirmarse, podría tener implicaciones graves para la legitimidad del trámite parlamentario.
La tensión se agravó cuando el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, declaró abierta la votación sobre la iniciativa del Gobierno, pero esta se cerró abruptamente en menos de tres minutos, sin que se conociera con claridad el contenido de cada uno de los puntos sometidos a discusión. Según la Ley 5ª, que regula el funcionamiento del Congreso, este tipo de procedimientos exige deliberaciones públicas, transparentes y punto por punto.
Pero más allá del procedimiento, lo que ha encendido las alarmas es una declaración anterior del propio Cepeda, quien, de forma anticipada, afirmó que todas las iniciativas del Gobierno, incluidas las distintas reformas sociales y la consulta popular, serían rechazadas. En un tono que ha sido ampliamente criticado, incluso se autodenominó “el jefe de la banda”. Declaraciones de este calibre, provenientes de la cabeza de una de las ramas del poder público, han generado inquietud sobre la imparcialidad del Congreso y el respeto debido al debate democrático. No es sano —señalan expertos y analistas— que quien debe garantizar la deliberación legislativa se exprese con tal sesgo político e institucional.
En este contexto, la decisión del Gobierno de convocar la consulta por decreto no solo representa una respuesta a lo que considera una maniobra irregular del Legislativo, sino que abre una profunda discusión sobre los límites del poder presidencial y la salud institucional del país. ¿Está el Ejecutivo actuando al margen de la Constitución, o está evidenciando una crisis más profunda en la legitimidad del Congreso?
El pulso está servido. Mientras el Congreso defiende su competencia exclusiva para tramitar reformas y proyectos de ley, el Ejecutivo parece dispuesto a empujar los márgenes del orden jurídico para sacar adelante una iniciativa que considera vital. La última palabra, como ya lo anticipó el propio presidente, la tendrá la Corte Constitucional.
Sin embargo, más allá del plano legal, lo que está en juego es la estabilidad democrática de Colombia. En un momento en que las instituciones enfrentan una creciente desconfianza ciudadana, cualquier intento de reconfigurar los equilibrios del poder, por legítimo que parezca desde el discurso político, podría tener consecuencias impredecibles.
Colombia se enfrenta así a una encrucijada crítica. La consulta popular, convertida ahora en símbolo de un conflicto de poderes, podría marcar el inicio de una nueva etapa en la vida institucional del país o, por el contrario, abrir una peligrosa grieta en la arquitectura constitucional. Lo que está ocurriendo no es solo una controversia jurídica: es un reflejo profundo de las tensiones de una democracia que sigue buscando su rumbo.
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