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Una sombra de indignación se cierne sobre uno de los gigantes del comercio al por menor en Colombia. Supermercados D1, que en el año 2024 reportó utilidades por más de 373.200 millones de pesos —una cifra equivalente a lo que recibirían en conjunto 225.000 trabajadores colombianos en un mes—, enfrenta ahora serias denuncias por presuntamente someter a sus empleados a un régimen laboral que podría ser tanto ilegal como inmoral.
La alarma fue encendida por el propio ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien en un pronunciamiento público advirtió que la situación, de confirmarse, representaría una falta de extrema gravedad. “He ordenado la apertura inmediata de una investigación para esclarecer esta situación”, afirmó con contundencia, señalando que ningún modelo empresarial, por exitoso que sea en términos económicos, puede edificar sus ganancias sobre la precarización laboral.
Las palabras del ministro no pasaron desapercibidas. En medio de un clima de creciente preocupación por las brechas entre el éxito corporativo y el trato justo a los trabajadores, la acusación contra D1 no solo pone en tela de juicio las prácticas internas de una de las empresas más rentables del país, sino que plantea una pregunta de fondo sobre el modelo económico que se está consolidando en América Latina: ¿puede una compañía que acumula utilidades multimillonarias permitirse vulnerar derechos laborales sin consecuencias?
La controversia cobra aún más relevancia en un contexto internacional en el que los derechos laborales vuelven al centro del debate, especialmente en países donde la informalidad y la precarización siguen marcando la realidad de millones de trabajadores. Lo que ocurra con esta investigación no solo será observado con lupa por la opinión pública colombiana, sino también por organismos internacionales y defensores de derechos humanos que monitorean la responsabilidad social empresarial en América Latina.
La historia de éxito financiero de D1 ha sido, hasta ahora, una narrativa celebrada en el mundo de los negocios. Pero detrás de los números que deslumbran, hoy comienzan a emerger interrogantes incómodos. La sociedad espera respuestas, y los trabajadores, justicia.
carloscastaneda@prensamercosur.org
