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El Consejo de Estado de Colombia ha abierto una puerta que el Senado creía cerrada. En una decisión que promete sacudir los cimientos del equilibrio institucional, el alto tribunal admitió el 29 de mayo una demanda que busca anular la votación mediante la cual el Senado negó la realización de una consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. Detrás de este giro judicial se encuentra el abogado barranquillero Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, cuya acción legal plantea que el Congreso habría incurrido en un vicio de procedimiento al bloquear la iniciativa presidencial.
El proceso, admitido por el magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas, pone nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie en las urnas sobre temas claves del proyecto político de Petro, que había elevado su solicitud el pasado 1 de mayo. La Constitución exige, según su artículo 104, que el Congreso emita un concepto previo sobre este tipo de mecanismos participativos. Sin embargo, el Senado dio un portazo al trámite con una votación apretada: 49 votos en contra frente a 47 a favor.
Para el magistrado Vanegas, ese acto parlamentario no puede ser interpretado como un simple paso procedimental. En el auto de admisión, el jurista concluye que la negativa del Senado puso fin a una iniciativa presidencial amparada por la Carta Magna, lo que le otorga carácter de decisión definitiva y, por tanto, susceptible de control judicial.
“El acto se convirtió en definitivo, pues con ello culminó el trámite iniciado el 1° de mayo por el presidente y sus ministros, previsto en el artículo 104 de la Constitución”, señala el documento. Con base en esa premisa, el Consejo de Estado enmarca la votación dentro de los actos de contenido electoral, lo que permite su revisión según el artículo 137 del Código de lo Contencioso Administrativo.
Aunque la admisión de la demanda no suspende los efectos de la votación parlamentaria, sí instala un escenario incierto: si el tribunal concluye que hubo irregularidades, el proceso de consulta podría reanudarse, con implicaciones políticas mayúsculas para el Ejecutivo y el Congreso. En el contexto actual, marcado por tensiones crecientes entre ambas ramas del poder, el caso trasciende lo jurídico y se instala en el corazón del debate democrático colombiano.
El Consejo de Estado ya ordenó notificar personalmente al presidente del Senado, Efraín Cepeda; al presidente Gustavo Petro; al Ministerio Público; y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, el Senado deberá remitir los antecedentes administrativos relacionados con la votación. Tiene 30 días para responder la demanda y presentar sus argumentos.
La batalla no ha sido sólo jurídica. A la presión del Gobierno se sumó un gesto inusual: el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió públicamente que, si no había respuesta institucional antes del 1 de junio, el Ejecutivo podría optar por realizar la consulta vía decreto. Las palabras desataron una tormenta política. El Congreso reaccionó con firmeza, recordando que los mecanismos de participación ciudadana no pueden estar al margen de los procedimientos constitucionales.
El propio presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió el mismo día con una carta pública en la que defendió la legalidad de lo actuado por la corporación. «Cualquier intento por saltarse al Congreso es un atentado contra el orden democrático», escribió Cepeda, en un tono que marcó el deterioro de las relaciones entre el Legislativo y la Casa de Nariño.
La decisión final del Consejo de Estado será determinante. No sólo definirá el destino de la consulta popular, sino que sentará un precedente sobre los límites y alcances del control judicial sobre actos del Congreso relacionados con mecanismos de participación ciudadana. En juego no está únicamente un proceso electoral frustrado: está la definición misma del equilibrio institucional en una democracia en tensión.
Colombia, una vez más, se asoma al abismo entre la voluntad popular y la arquitectura del poder. Y la justicia, como tantas veces, tendrá la última palabra.
carloscastaneda@prensamercosur.org
