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Colombia enfrenta una de las crisis más silenciosas y graves en su sistema de salud: la cadena de provisión de medicamentos está al borde del colapso financiero, mientras miles de pacientes son forzados a navegar un laberinto de autorizaciones, trámites y barreras administrativas para acceder a tratamientos vitales.
Los datos revelados por la Superintendencia Nacional de Salud muestran una fractura estructural que compromete no solo la sostenibilidad del sistema, sino la vida misma de quienes dependen diariamente de medicamentos de alto costo, terapias continuas y atención especializada.
Según los reportes actualizados a marzo de 2025, los gestores farmacéuticos -empresas encargadas de adquirir, almacenar y dispensar medicamentos por cuenta de las EPS- reportaron una deuda acumulada con la industria farmacéutica que supera los 6,4 billones de pesos colombianos. En contraste, las EPS apenas reconocen obligaciones por 852 mil millones con dichos gestores, generando una diferencia abismal que pone en evidencia un desequilibrio financiero de proporciones críticas.
“Esta situación evidencia una cadena de pagos desarticulada y peligrosa. La falta de liquidez entre gestores y laboratorios amenaza la continuidad en la entrega de tecnologías en salud”, advirtió Giovanny Rubiano García, superintendente nacional de Salud.
La mayor carga de esta crisis, sin embargo, no se mide en cifras sino en sufrimiento. En solo los primeros cuatro meses del año, más de 186 mil reclamos fueron interpuestos por usuarios que no recibieron los medicamentos que necesitaban. Pacientes oncológicos, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores con tratamientos permanentes son los más afectados por los retrasos y la fragmentación del sistema.
El 40,9% de las deudas reportadas por las EPS a los gestores tiene más de 365 días de vencimiento. Tres empresas –Audifarma, Cruz Verde y Foscal- concentran más del 73% de la deuda con laboratorios, y seis EPS –Famisanar, Sanitas, Mutual Ser, SOS, Asmet Salud y Emssanar- agrupan el 81,7% de la deuda hacia esos gestores. Este pequeño grupo de actores maneja una parte significativa del sistema de intermediación, convirtiéndose en nodos críticos de una red que parece estar cediendo bajo su propio peso.
El panorama es aún más sombrío si se consideran las múltiples quejas que apuntan a la ineficiencia en la gestión del suministro de medicamentos. La EPS Famisanar, por ejemplo, concentra el 90,85% de sus reclamos en solo dos gestores; Sanitas, el 51% en dos; y SOS, el 21% en tres. Estas cifras no solo revelan una concentración excesiva, sino también la persistencia de prácticas que castigan al usuario.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud y la Superintendencia emitieron este 29 de mayo una circular conjunta de carácter obligatorio que prohíbe expresamente trasladar a los usuarios del sistema de salud trámites administrativos y autorizaciones para acceder a servicios esenciales y tecnologías en salud. La medida aplica a todos los actores del sistema -EPS, prestadores, gestores, proveedores- y tiene un enfoque prioritario sobre poblaciones vulnerables.
La circular reitera normas ya contenidas en el Decreto Ley 019 de 2012, pero que han sido sistemáticamente ignoradas por las entidades, dejando a los pacientes en una situación de indefensión. El acceso a tratamientos oncológicos, atención de urgencias, VIH/SIDA, enfermedades cardiovasculares y otras condiciones de alto costo no debe depender de autorizaciones innecesarias o procesos burocráticos absurdos.
Solo en el último año, 76.404 quejas fueron presentadas por esta causa: más de 26.000 casos de pacientes con cáncer (34,6%) y cerca de 22.000 con enfermedades cardiovasculares (28,6%). Estas cifras reflejan no solo una crisis operativa, sino una crisis ética: un sistema que le pone trabas al acceso a la vida.
“La continuidad de los tratamientos depende del acceso oportuno a medicamentos y tecnologías. Las EPS, intervenidas o no, tienen la obligación de garantizarlo. Esta no es una carga que puedan pasar al paciente”, insistió Rubiano García.
El impacto de esta situación no se limita a Colombia. La salud pública, como lo ha mostrado la experiencia internacional, es una pieza clave para el desarrollo económico, la cohesión social y la estabilidad política. Lo que ocurre en Colombia es una advertencia global: cuando los sistemas de salud se mercantilizan en exceso y las cadenas de pago se rompen, el resultado es un deterioro profundo de los derechos más básicos.
Las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano son necesarias, pero no suficientes. Si bien la circular conjunta envía un mensaje claro contra el abuso administrativo, la deuda acumulada entre actores del sistema requiere una respuesta estructural, transparente y urgente. Sin una reforma real del modelo de contratación, intermediación y financiamiento, el sistema seguirá colapsando por dentro, dejando a millones de ciudadanos expuestos a la incertidumbre y la negligencia.
En el país de la Ley Estatutaria de Salud, donde se prometió que la salud sería un derecho fundamental, hoy la realidad impone otra narrativa: la del paciente que espera una pastilla que no llega, una quimioterapia aplazada, un trámite absurdo que cuesta una vida.
carloscastaneda@prensamercosur.org
