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Colombia se prepara para vivir este 28 y 29 de mayo una de las jornadas de movilización social más significativas de los últimos años. La convocatoria a un paro nacional, liderado por las principales centrales obreras del país, no es un hecho aislado ni improvisado. Es, más bien, la culminación de una serie de frustraciones acumuladas frente a un Congreso que, según denuncian los convocantes, ha bloqueado sistemáticamente las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El detonante inmediato fue el hundimiento de la consulta popular, archivada por el Senado el pasado 14 de mayo. Sin embargo, las raíces del descontento son mucho más profundas. Apenas un mes antes, el 11 de marzo, la reforma laboral –otro de los pilares del llamado «Gobierno del Cambio»– fue rechazada en la Comisión Séptima, cerrando la puerta a un paquete de transformaciones que prometía dignificar las condiciones laborales de millones de colombianos y colombianas.
No se trata de casos aislados. El bloqueo legislativo ha sido la constante en un Congreso donde las iniciativas del Ejecutivo han encontrado una resistencia férrea. La reforma a la salud, cuestionada por sectores que por décadas han controlado el sistema; la reforma política, hundida el 16 de diciembre de 2024 por falta de quórum; o incluso la ley de financiamiento, rechazada apenas una semana antes, son ejemplos de una dinámica que ha alimentado la percepción de una desconexión profunda entre el poder legislativo y las demandas ciudadanas.
A esta ofensiva parlamentaria se suman decisiones judiciales de alto impacto. El 8 de mayo de 2024, la Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023, declarando inexequible la creación del Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. El fallo fue interpretado por amplios sectores como un revés institucional a una de las banderas más emblemáticas del actual Gobierno en materia de justicia social y equidad.
En este contexto, el paro nacional no solo expresa un rechazo a decisiones puntuales. Representa, en palabras de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “una respuesta del pueblo en sus múltiples expresiones: campesinos, indígenas, afros, diversidades sexuales, trabajadores y trabajadoras, contra un Senado oligárquico que se niega a legislar en favor de los derechos sociales”.
Colombia se prepara para vivir este 28 y 29 de mayo una de las jornadas de movilización social más significativas de los últimos años. La convocatoria a un paro nacional, liderado por las principales centrales obreras del país, no es un hecho aislado ni improvisado. Es, más bien, la culminación de una serie de frustraciones acumuladas frente a un Congreso que, según denuncian los convocantes, ha bloqueado sistemáticamente las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El detonante inmediato fue el hundimiento de la consulta popular, archivada por el Senado el pasado 14 de mayo. Sin embargo, las raíces del descontento son mucho más profundas. Apenas un mes antes, el 11 de marzo, la reforma laboral –otro de los pilares del llamado «Gobierno del Cambio»– fue rechazada en la Comisión Séptima, cerrando la puerta a un paquete de transformaciones que prometía dignificar las condiciones laborales de millones de colombianos y colombianas.
No se trata de casos aislados. El bloqueo legislativo ha sido la constante en un Congreso donde las iniciativas del Ejecutivo han encontrado una resistencia férrea. La reforma a la salud, cuestionada por sectores que por décadas han controlado el sistema; la reforma política, hundida el 16 de diciembre de 2024 por falta de quórum; o incluso la ley de financiamiento, rechazada apenas una semana antes, son ejemplos de una dinámica que ha alimentado la percepción de una desconexión profunda entre el poder legislativo y las demandas ciudadanas.
A esta ofensiva parlamentaria se suman decisiones judiciales de alto impacto. El 8 de mayo de 2024, la Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023, declarando inexequible la creación del Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. El fallo fue interpretado por amplios sectores como un revés institucional a una de las banderas más emblemáticas del actual Gobierno en materia de justicia social y equidad.
En este contexto, el paro nacional no solo expresa un rechazo a decisiones puntuales. Representa, en palabras de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), “una respuesta del pueblo en sus múltiples expresiones: campesinos, indígenas, afros, diversidades sexuales, trabajadores y trabajadoras, contra un Senado oligárquico que se niega a legislar en favor de los derechos sociales”.
El paro de 48 horas busca también relanzar la nueva consulta popular, radicada en el Congreso el 19 de mayo. Las organizaciones sociales ven en ella una herramienta legítima para sortear el bloqueo institucional y consultar directamente al pueblo sobre las reformas estructurales.
La CUT ha anunciado que la movilización no terminará ahí. El 11 de junio se realizará una nueva jornada de paro nacional, esta vez acompañada de caravanas multitudinarias hacia Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Las calles, una vez más, se perfilan como el escenario donde se disputará el rumbo político y social de Colombia.
En medio de un clima de polarización y desgaste institucional, el país asiste a una encrucijada histórica. Lo que está en juego no es solo una agenda legislativa. Es el modelo de democracia participativa que, con todas sus tensiones y desafíos, intenta abrirse paso en uno de los momentos más intensos del siglo XXI colombiano.
carloscastaneda@prensamercosur.org
