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En un momento decisivo para la transición energética de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía ha anunciado un ambicioso paquete de 19 medidas orientadas a destrabar el desarrollo de proyectos de energías renovables, en especial los de origen solar y eólico, cuya ejecución se ha visto estancada por una maraña de trámites administrativos. El país, que aspira a diversificar su matriz energética y descarbonizar su economía, enfrenta actualmente un preocupante panorama: más de la mitad de las iniciativas renovables están frenadas por obstáculos regulatorios y burocráticos.
Desde Barranquilla, en el marco del 8º Encuentro y Feria de Energías Renovables LATAM, el viceministro (e) de Energía, Jorge Andrés Cristancho, dio a conocer este plan estratégico que representa un giro crucial en la gestión del sector. Respaldado por una mesa de alto nivel interinstitucional, liderada por el ministro Edwin Palma, el gobierno ha reunido a actores clave como MinInterior, MinAmbiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la CREG, la UPME, la ANH, ISA y Ecopetrol, con el objetivo de identificar y eliminar los cuellos de botella que han detenido el avance de estos proyectos.
Las medidas adoptadas van más allá de declaraciones de buena voluntad: entre las decisiones más destacadas figura la expedición de un decreto que redefine la metodología para asignar puntos de conexión eléctrica, incluyendo un capítulo especial para proyectos eólicos offshore y para aquellos que, pese a tener todos los permisos al día, permanecen detenidos por falta de conexión a la red. Se contempla además la creación del Sistema Nacional de Información de Proyectos Renovables, que estará a cargo de la UPME, y la revisión de la normativa sobre exploración y explotación de recursos geotérmicos, una fuente aún subutilizada en el país.
Otro de los anuncios más significativos es el diseño de un mecanismo legal que permita liberar puntos de conexión actualmente comprometidos en proyectos que no avanzarán, sin castigar a sus desarrolladores con sanciones económicas. Esta flexibilidad busca optimizar el uso de la infraestructura existente y destrabar la incorporación de nueva generación limpia al Sistema Interconectado Nacional.
En paralelo, el viceministro Cristancho enfatizó la importancia del Plan 6GW Plus, una de las apuestas más audaces del Gobierno nacional en materia energética. Esta hoja de ruta no solo pretende impulsar seis gigavatios adicionales de capacidad renovable, sino que busca hacerlo a través de una alianza efectiva entre el sector público y privado, con una visión compartida de sostenibilidad, soberanía energética y compromiso climático.
Pero el mensaje del Gobierno no se quedó en el plano técnico. El Ministerio también hizo un llamado público a la Procuraduría General de la Nación para que acompañe y vigile el trabajo de la mesa interinstitucional, asegurando una gestión transparente, diligente y sin dilaciones por parte de las corporaciones regionales. La advertencia no es menor: solo en el departamento del Tolima, 12 proyectos están paralizados por trámites, lo que representa una pérdida de 240 megavatios que podrían estar generando energía limpia en este momento.
Colombia se encuentra en un punto de inflexión. El tiempo de los diagnósticos ha terminado, y comienza el de las decisiones. El éxito de esta ofensiva regulatoria marcará no solo el ritmo del desarrollo energético nacional, sino también la credibilidad de una transición verde que ya no puede esperar.
carloscastaneda@prensamercosur.org
