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Con la firmeza de quien conoce de cerca los efectos devastadores del narcotráfico, pero también con la convicción de que otro enfoque es posible, la ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, Ángela María Buitrago Ruiz, desarrolla esta semana una intensa agenda diplomática en Washington D.C., epicentro político de los Estados Unidos y escenario clave para el futuro de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
Invitada por el embajador colombiano en ese país, Daniel García Peña Jaramillo, la ministra Buitrago ha sostenido encuentros de alto nivel con representantes del poder legislativo y del ejecutivo estadounidense, a quienes ha expuesto los avances y resultados más recientes de la política nacional de drogas, una estrategia que, bajo el liderazgo del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha comenzado a virar hacia una visión más humana, territorial y sostenible.
“El país ha dado pasos firmes en la reducción de cultivos ilícitos, en la contención del narcotráfico y en la persecución de redes transnacionales que financian la violencia”, afirmó la ministra. “Pero también tenemos claro que esta no es una batalla que se gana en solitario. Hay que mostrar lo que ha hecho y está haciendo el país para combatir al narcotráfico y sus organizaciones. Estados Unidos es autónomo en cuanto a la entrega de la certificación en esta lucha, pero tenemos acciones y cifras concretas para presentar. Además, compartimos las preocupaciones y prioridades del Estado americano en los principales niveles”.
Durante la jornada del lunes, Buitrago se reunió con el congresista Gregory Meeks, influyente miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y con la congresista Nanette Barragán, reconocida por su trabajo en justicia ambiental y derechos civiles, y quien representa al estado de California. En ambos espacios, la ministra estuvo acompañada por el embajador García Peña, reforzando la imagen de un Estado articulado que busca interlocuciones francas, multilaterales y estratégicas.
El núcleo de la conversación giró en torno a la necesidad de una política de drogas que supere el paradigma exclusivamente represivo y que reconozca las causas estructurales que alimentan las economías ilegales: pobreza, exclusión, falta de oportunidades y abandono institucional. La ministra explicó que Colombia, además de reforzar el combate al narcotráfico, ha centrado su política en la construcción de justicia social y desarrollo en las regiones más golpeadas por la violencia.
Asimismo, compartió los resultados de la estrategia nacional para la reducción de la producción de cocaína, el fortalecimiento de la cooperación judicial con países aliados, y la evaluación conjunta de mecanismos contra el lavado de activos, las finanzas ilícitas y las estructuras criminales que cruzan fronteras.
Pero más allá de los datos y los informes, Buitrago llevó un mensaje político y ético: el narcotráfico no es solo un problema colombiano. Es un fenómeno global que necesita respuestas coordinadas, corresponsabilidad internacional y voluntad real de los países consumidores para atacar también la demanda, la circulación de armas y el blanqueo de capitales. “Si queremos resultados duraderos, hay que enfrentar esta lucha como lo que es: una causa común de humanidad”, señaló.
La visita, que se extenderá durante los próximos días, marca un momento clave en la diplomacia judicial del gobierno colombiano, que busca reposicionar su voz en escenarios globales desde una postura soberana, pero abierta al diálogo y a la construcción conjunta. No se trata de pedir favores, parece decir la ministra, sino de demostrar que Colombia está haciendo su parte y espera lo mismo de sus aliados.
En un mundo en el que las amenazas se globalizan y los desafíos se entrelazan, esta misión en Washington es también una forma de tejer puentes. Puentes entre países, entre visiones de justicia y, sobre todo, entre las urgencias de un presente que no puede esperar y las promesas de un futuro más justo y más seguro para todos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
