La Red por el Derecho a la Educación de Paraguay y el Servicio Paz y Justicia publicó hoy (16/11) un pronunciamiento ante la arbitrariedad del Estado Paraguayo de abrir sumarios a docentes por compartir educación sexual e integral en espacios educativos.
Las diversas organizaciones de la sociedad civil representadas por la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay y por el Servicio Paz y Justicia publicaron hoy (16/11) un pronunciamiento que denuncia al Estado paraguayo por activar procesos de investigación a docentes que imparten clases sobre educación sexual e integral. Según la nota, los procesos activados por el Estado impiden la promoción y protección del derecho humano a la educación y pueden incurrir en graves sanciones para la continuidad laboral de los/as docentes, entre otras consecuencias.
“Recordamos a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias [MEC], la importancia estratégica de respetar, proteger y promover el derecho a la educación, y que estas responsabilidades no pueden realizarse con una norma que desconoce principios básicos de la convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos”, explican las organizaciones.
Aunque existan múltiples iniciativas internacionales que critican y recomiendan al Estado Paraguayo a no seguir en adelante con acciones y políticas que prohíban la educación sexual e integral, todavía sigue vigente la Resolución Nº 29664/2017, que prohíbe la difusión de materiales sobre la “ideología/teoría de género”. Según las organizaciones, tal resolución impide que el Estado paraguayo garantice el derecho a la educación.
Por ello, a Red por el Derecho a la Educación de Paraguay y el Servicio Paz y Justicia expresan en su pronunciamiento que “el MEC – Ministerio de Educación y Ciencias- precisa sostener su misión institucional y no dejarse llevar por presiones capaces de transformarla en una institución que legitima la propagación de parámetros de conducta y de mensajes que desconocen el pluralismo y las diferencias legítimas de una sociedad democrática, contribuye a la degradación de las condiciones de respeto a la integridad física y psíquica de las personas, al mismo tiempo que promueve una cultura de odio y violencia que profundamente atenta contra la dignidad humana”.
redclade.org
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