Tribunal instruye a jueza que anuló orden de aprehensión contra Morales que retome sus actividades

El Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz revocó parcialmente la licencia otorgada a la jueza Lilian Moreno y le ordenó presentarse de forma inmediata en su despacho, luego anular la imputación y orden de aprehensión contra Evo Morales, investigado por trata de personas.

“Se ha dispuesto revocar en parte la licencia otorgada a la señora jueza, para que se restituya a su fuente laboral de forma inmediata a partir del día de hoy (viernes), caso contrario, se activan los mecanismos que establece la ley que corresponde al Consejo de la Magistratura”, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, en conferencia de prensa.

Moreno anuló recientemente la imputación y orden de aprehensión contra el dirigente cocalero Morales, además, ordenó que el caso sea trasladado de Tarija a Cochabamba.

Ante esta situación y denuncias de irregularidades, Quezada remarcó que la revocatoria responde a la necesidad de que Moreno esté disponible para responder ante las investigaciones activadas tras la controvertida resolución.

“La solicitud fue realizada el 28 de abril y concedida ese mismo día, por cinco días sin goce de haberes, es una licencia por motivos personales”, precisó Quezada.

Es decir, se determinó revocar los dos días y medio restantes de licencia, instruyendo el retorno inmediato de la jueza a su despacho.

“La revocatoria no vulnera la independencia judicial, pero sí responde a una necesidad institucional. Es fundamental que la autoridad jurisdiccional esté habilitada para asumir cualquier actuación o requerimiento que surja de las investigaciones o del propio ejercicio de su competencia”, explicó.

El fallo de la jueza Moreno generó controversia y reacciones de rechazo tanto en el ámbito judicial como político. Aunque el Tribunal dejó en claro que las resoluciones de los jueces deben ser respetadas, incluso si no se comparten, también enfatizó la obligación de las instituciones estatales de actuar ante posibles irregularidades.

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