Montevideo, Uruguay – En un fallo que ha captado la atención nacional, dos adolescentes fueron condenados a seis años de internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por el homicidio de un hombre de 46 años en el asentamiento Acosta y Lara, en Carrasco Norte, ocurrido el 7 de abril de 2025. La sentencia, dictada por la Justicia Penal de Adolescentes, calificó el crimen como homicidio especialmente agravado por la premeditación y la «impulsividad de brutal ferocidad».
El crimen y la investigación
La víctima, identificada como un hombre de 46 años, fue atacada a tiros mientras caminaba por la calle Ricardo Areco en el mencionado asentamiento. Tres hombres se acercaron y le dispararon hasta causarle la muerte. Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron el ataque, proporcionando pruebas clave para la investigación.
En respuesta al homicidio, la Policía llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Carrasco Norte, donde detuvo a cuatro personas e incautó cuatro armas de fuego. Los adolescentes detenidos fueron puestos a disposición de la fiscal de Adolescentes, Sylvia Lovesio, quien coordinó las acciones judiciales correspondientes.
Análisis del fallo judicial
La condena de seis años de internación en INISA refleja una aplicación estricta de las leyes penales juveniles en Uruguay. Sin embargo, este caso plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de justicia juvenil y su capacidad para abordar las causas subyacentes de la violencia juvenil.
La calificación del homicidio como «impulsividad de brutal ferocidad» sugiere que los adolescentes actuaron sin una planificación previa, pero con una violencia extrema. Este tipo de comportamiento puede estar relacionado con factores como la exposición a entornos familiares disfuncionales, la falta de acceso a educación de calidad y la influencia de grupos delictivos en comunidades vulnerables.
Implicaciones para la política pública
Este caso subraya la necesidad urgente de revisar y fortalecer las políticas públicas dirigidas a la prevención de la violencia juvenil. Es esencial implementar programas educativos y de inclusión social que ofrezcan alternativas positivas a los jóvenes en riesgo. Además, se requiere una mayor inversión en servicios de salud mental y apoyo psicosocial para abordar los traumas que muchos de estos adolescentes han experimentado.
La colaboración entre las autoridades judiciales, las fuerzas de seguridad y las organizaciones sociales es crucial para desarrollar estrategias efectivas que prevengan la reincidencia y promuevan la rehabilitación de los jóvenes infractores.
Conclusión
La condena de los dos adolescentes por el homicidio en Carrasco Norte es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Uruguay en términos de seguridad pública y justicia juvenil. Si bien el sistema judicial ha actuado con firmeza, es imperativo que se adopten enfoques integrales que aborden las causas profundas de la violencia juvenil y promuevan la reintegración social de los jóvenes en conflicto con la ley.
Alexis Martinez Diaz
Colaboración Adriana Asat
