Uruguay – En una operación que abarcó los departamentos de Montevideo, Canelones y Durazno, la Policía uruguaya logró desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico interno de armas de fuego y municiones, con conexiones directas dentro del sistema penitenciario.
Cuatro personas fueron condenadas por estos delitos, mientras que una quinta fue imputada por posesión de drogas y tenencia de armas con la numeración adulterada. Las investigaciones revelaron una logística delictiva que incluía coordinación desde el interior de los centros de reclusión, particularmente desde el ex Comcar y el Penal de Libertad. Allí se realizaron allanamientos en celdas donde se incautaron celulares, dinero, drogas y armamento.
Este caso deja al descubierto una preocupación estructural: el rol de las cárceles como centros de operación del crimen organizado en Uruguay. Pese a los esfuerzos por contener el avance de estas redes, los episodios recientes muestran que los vínculos entre el mundo delictivo externo y el interno siguen activos, peligrosamente sincronizados y cada vez más sofisticados.
Además de las condenas –que incluyeron prisión efectiva y libertad a prueba–, lo que genera inquietud es la capacidad de estos grupos para traficar armas y drogas en un país con una población penitenciaria en constante crecimiento, y un Estado que aún lucha por controlar lo que ocurre dentro de sus propios muros.
🔎 ¿Qué desafíos enfrenta Uruguay en su lucha contra el crimen organizado? – Supervisión carcelaria insuficiente
– Falta de control sobre el uso de tecnología en prisión
– Vínculos entre privados de libertad y redes externas
– Carencia de inteligencia criminal integrada
Combatir este tipo de delitos no se limita a arrestos o incautaciones. Requiere una mirada integral que involucre al sistema judicial, penitenciario y social. Sin eso, el crimen no solo persiste: se reinventa.
Alexis Martinez Diaz
Colaboración Adriana Asat
