Los empresarios apuntan que el SMN aumentó en 468% los últimos 20 años sin que se escuche al empresariado. Los economistas advierten que el gasto y el déficit público aumentarán significativamente
Desde 2005, el incremento salarial decretado por los gobiernos de turno fueron más políticos que técnicos, según el análisis de economistas y gremios empresariales que demandan un equilibrio con la actual situación económica que atraviesa el país.
El 13 de marzo pasado, la Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno su pliego petitorio 2025, que entre sus demandas principales está el incremento del 15% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y 20% al haber básico. El pedido provocó reacciones de rechazo entre los grandes y pequeños empresarios, que advirtieron que -de aplicarse el incremento-, agudizará la crisis y generará despidos en las empresas formales.
Los empresarios han pedido participar de las mesas de negociaciones que se relizan desde hace tres semanas, pero el Gobierno hizo oídos sordos. Cabe señalar que el Convenio sobre la consulta tripartita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1976, para promover la justicia social, en un escenario como éste, se debe involucrar al gobierno, los empleadores y los trabajadores.
El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, lamentó que el incremento salarial dependa de la decisión de una o un grupo de personas, lo cual se materializa en un decreto supremo que es promulgado cada 1 de mayo.
A su vez, indicó que no se trata de un incremento salarial como tal, sino de un ajuste a los ingresos por la pérdida del poder adquisitivo, por la inflación. “Un incremento salarial debe estar vinculado a un crecimiento económico real, tangible, donde una actividad crece”, expresó.
Advirtió también que no solo el empresariado debería estar preocupado, sino el mismo Gobierno, porque cuenta con más de 500 mil empleados, lo que incrementará el gasto público y el déficit fiscal. “El Gobierno debería precautelar las finanzas del Estado y evitar lo que son los incrementos salariales en periodos de crisis”, agregó.
Por su parte, el economista Fernando Romero afirmó que en los últimos 19 años, el 70% de las gestiones han tenido incrementos salariales mayores al nivel de crecimiento económico y de la inflación del año presente.
“Quiere decir que han sido más políticos que técnicos, y eso ha generado una falsa obligación por parte del Estado, de realizar cada año un incremento salarial, sin tomar en cuenta las variables a nivel macro y micro de los sectores económicos y productivos”.
Romero manifestó también que el incremento del gasto público y, por ende, el déficit fiscal “de millones de bolivianos para pagar los incrementos salariales”, contrasta con un sector económico privado debilitado que tiene que competir con una economía informal, la presión impositiva del Estado, el contrabando y una situación cada vez más difícil de la economía boliviana.
“En ese sentido, aunque en años anteriores no se generaba mucha presión inflacionaria por incremento salarial, ahora sí porque estamos en una situación de una contracción económica o, al menos, desaceleración y esto supone que en este año se debería tener un incremento técnico que no pase del 5%”, propuso.
Desproporción
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier porcentaje de incremento salarial, que puede llegar a multiplicarse “exponencialmente” más del 41% y amenaza con postergar emprendimientos e inversiones a escala nacional.
Por otra parte, la entidad destacó que el salario mínimo nacional aumentó en 468% los últimos 20 años sin que se escuche al empresariado del país.
En tanto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reclamó por ser parte del diálogo por el incremento y advirtió sobre los “efectos catastróficos” que tendría sobre la economía boliviana. “Nos preocupa que el gobierno opte una vez más por un acuerdo solamente con la dirigencia de la COB (…)”, señaló.
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