Hasta el más ultraneoliberal tendrá que admitir que no necesitamos más vivienda privada o en propiedad: Javier Burón

Faltan casas. Eso es evidente. En el problema de la vivienda, hay cierto consenso sobre la idea de que es necesario construir más. Pero se habla mucho del cuánto y no tanto del cómo, el quién o el para qué. Precisamente sobre esto último lleva más de dos décadas hablando y haciendo política pública Javier Burón, un técnico «viviendista», como él mismo se define. Ha sido viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco entre 2007 y 2009 con el tripartito liderado por el PNV de Ibarretxe, gerente de Vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2023 con Ada Colau y desde entonces gerente de la empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra con el PSN-PSOE.

Acostumbrado a hacer de puente entre políticos, funcionarios, constructores y promotores, Burón habla desde la experiencia. Sabe de trabas administrativas, de lo complicado que es sostener un parque público de vivienda —no para de preguntar si sabemos qué vamos a hacer en caso de que esto, lo de promover viviendas públicas, salga bien— y de lo difícil que es desplegar una política de vivienda coherente en la España del ladrillo y el rentismo.

De todo ese recorrido bebe su primer ensayo, titulado El problema de la vivienda: cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España (Arpa). Con un lenguaje sencillo y divulgativo, Burón da un paso más allá que el resto de autores y propone una serie de medidas para acabar con el problema de la vivienda en España. En El Orden Mundial le hemos entrevistado para conocer sus recetas.

PREGUNTA – ¿Cuáles son las medidas más urgentes para acabar con el problema de la vivienda?

RESPUESTA –  Yo mido según niveles de cuánto se nos ha quemado el arroz. Baleares y Canarias es socarrat, ya incomestible. ¿Qué hay que hacer allí? Declarar zonas de mercado tensionado, poner límites a los precios, reducir la oferta de usos temporales de la vivienda como alquiler turístico, expats o segundas residencias y aumentar la oferta de usos permanentes.

En esto todavía estamos en mantillas porque no hay dialéctica. Pero en lo que no hay disenso entre izquierda y derecha es en que hay que generar mucha vivienda protegida, preferentemente de alquiler, una parte por acción pública y otra parte por colaboración público-privada.

Pero hay gente que quiere correr antes de caminar. Para hacer colaboración público-privada necesitas un buen servicio público. ¿Tienes en tu Administración profesionales que saben urbanizar, construir, alquilar, rehabilitar, financiar, hacer acompañamiento social a inquilinos…? Si no lo tienes, cuando te pongas a negociar con terceros, estás en sus manos, y si el tercero es deshonesto, él tiene sus manos en tus bolsillos, que son los bolsillos de todos. Si saltas a una piscina que no hay agua, te vas a dar un buen costalazo.

Tampoco tiene ningún sentido utilizar un montón de recursos públicos para que algo tenga un precio algo inferior al del mercado sólo un tiempo muy corto. Si tú has puesto ahí suelo público, subvenciones, financiación o incluso ahora capital social, debes obtener algo a cambio en términos de precio y de tiempo. Y las garantías para eso son que los suelos públicos no se vendan, que se cedan derecho de superficie y se retenga la propiedad, y que las viviendas protegidas estén calificadas permanentemente.

En España sólo tenemos un 3,4% de vivienda a precio por debajo del mercado, frente al 8% de la media europea. ¿Por qué hay tan poca vivienda pública en España?

Porque no hemos querido hacerla y porque heredamos un modelo del franquismo falto de europeidad donde el alquiler fue simbólico. Aunque por lo menos el franquismo tenía un plan. Eran fascistas, pero sabían gobernar. En vivienda lo que dijeron es: “Tenemos un montón de gente haciendo el tránsito del mundo agrícola-rural al industrial-urbano y al régimen le conviene que sean propietarios”.

Después llega la democracia y no hace una lectura crítica. Básicamente mantenemos el mismo modelo languideciendo. Es decir, se hacen cada vez menos viviendas protegidas. Los Gobiernos de Felipe González explicitan que la vivienda no va a ser un pilar del Estado social y que eso lo hace el mercado. Después viene Aznar y todos sus Chicago Boys y deciden que todo el suelo es urbanizable, que vamos a superproducir y que eso bajará el precio.

Ya sabemos cómo salimos de aquello: el precio de la vivienda se multiplicó por 2,5, el del suelo por cuatro, generamos una burbuja de tamaño continental, reventó España y nos tuvieron que rescatar. Eso además coincide con unos recortes de presupuestos públicos brutales que afectan a las empresas públicas de vivienda especialmente.

Entonces llega todo este fenómeno de que nuestras ciudades son atractivas, hay inversión global, turistas, personas que trabajan online… y nos pilla con unas políticas públicas de vivienda en calzoncillos, con los milenials entrando en la edad adulta y con el mercado mirando a la demanda extranjera a corto plazo con alta capacidad adquisitiva o a la demanda de cambio. Es decir, aunque estamos en números muy bajos de producción y eso habría que corregirlo, dos terceras partes de la oferta se dirige a gente que queremos cambiar de casa. Y una tercera parte a gente que accede a su primera casa.

Ahora yo creo que tenemos un buen diagnóstico de dónde estamos y quiénes queremos ser. Hay fuerzas, generaciones e intereses muy contrapuestos que lo dificultan, pero en términos de políticas públicas, ahí estamos.

En el libro habla de la regla de los tres 30%. ¿En qué consiste exactamente?

Es una especie de regla nemotécnica para orientar el país a algo, un objetivo-país. Debemos aspirar a tener un 30% de viviendas gestionadas con una lógica no de mercado, con unos precios en torno a un 30% inferiores a los del mercado y a los que puedas hacer frente con el 30% de tus ingresos.

Los números son discutibles, pero no el concepto. Hay gente que desde la derecha me tacha de ultraintervencionista, pero si nos comparamos con nuestro entorno, la conclusión es que tenemos poca vivienda de alquiler, que además es privada y no muy profesional, y mucha vivienda en propiedad.

Nosotros tenemos el 97% de las viviendas en manos privadas y el 3% en manos públicas o de entidades que trabajan con la Administración. Y después tenemos un 75% de las viviendas en propiedad y un 25% en alquiler. Hasta el más ultraneoliberal tendrá que admitir que no necesitamos más vivienda privada o en propiedad.

¿Cómo afecta el hecho de que seamos un país de propietarios al problema de la vivienda?

Es central. En el caso de los boomers propietarios, porque aspiran a que se mantenga el valor de sus propiedades para sí mismos, para su vejez y para la herencia de sus hijos. Y en el caso de los boomers propietarios que además son rentistas, porque no quieren que se les toque esas rentas.

Al PSOE le está costando digerir el problema de la vivienda porque su columna vertebral han sido boomers o X que les impedían hacer ningún movimiento. Pero alguien tendrá que hacer algo porque se nos parte el país. Y ya no estamos hablando de gente jovencita, recién salida de la universidad con problemitas, ¿eh? Estamos hablando de gente de treinta y tantos años, que ya no está en su primer trabajo y que comparte piso de alquiler o viven donde Cristo perdió las sandalias, en una posición vital y económica en la que en generaciones anteriores nunca habrían estado.

Un parque excesivamente de propietarios y con poco stock de alquiler también produce externalidades en términos de movilidad laboral, tasa de emprendimiento, natalidad e incluso salud mental. Pero no se trata de ir contra la propiedad, sino de equilibrar esto un poco.

El Banco de España habla de un déficit de 600.000 viviendas en España. ¿Puede la obra nueva acabar con el problema de la vivienda?

En el libro cito a Tenet Font, un arquitecto amigo: «Hagan más caviar, que la gente tiene hambre». Si no construimos, tenemos un problema, pero si de las 100.000 viviendas que construimos al año sólo 10.000 son viviendas protegidas y de esas sólo 4.000 viviendas protegidas de alquiler, también.

Claro que tenemos un problema y ese problema implica que hay que construir más. ¿Cuánto? Por lo menos 200.000, que son los hogares que se generan cada año, o igual 250.000 por el déficit acumulado y la demanda retenida. Ahora, ¿por qué no se construyen? El urbanismo es lento, sí, pero no está mal que sea lento porque para tomar la decisión de por dónde crecen nuestras ciudades hay que tener un poquito de responsabilidad. Sí estoy más de acuerdo con la crítica a la maraña burocrática de permisos, la llevo sufriendo veinte años como promotor público.

Pero tampoco tenemos el capital privado que necesitamos. Si un inmobiliario quiere invertir para entrar y salir en tres o cinco años con un 20% de rentabilidad, entonces no se dedica al negocio inmobiliario, sino al financiero. Y uno o dos no pasa nada, pero decenas de miles de operadores con ese planteamiento arrasan nuestras ciudades.

Además, el mercado sigue funcionando para el lujo, los extranjeros y la demanda de cambio. Tampoco creo que algunas de las admoniciones de algunos operadores del sector privado, lo de “a mí ya me gustaría producir más”, sean sinceras. Y me explico: no quiero decir que nuestros directivos inmobiliarios sean unos descarados, es que sus empresas están en manos de fondos de inversión extranjeros. En la mayor parte de nuestras promotoras inmobiliarias hay un niño pijo en Frankfurt, en Londres o en Nueva York que toma las decisiones, a veces de maneras bastante frívolas. Exigen rendimientos altísimos en plazos muy cortos, y no se pueden construir todos los tipos de viviendas que necesitamos con ese nivel de presión.

¿Y qué necesitamos entonces?

Hace falta un capital tranquilo. En nuestro caso históricamente eso ha significado producción de viviendas de protección oficial respaldadas por el Estado, y un mercado hipotecario que funcionaba. ¿Qué pasa ahora? Que más de la mitad de las compras se hacen a tocateja, siendo significativo por los dos lados: hay inversores que son capaces de comprar y las generaciones actuales que están en los momentos vitales en los que habitualmente se pedían masivamente hipotecas no las están pidiendo.

Antes de llenar España de grúas, como se dice, quizá conviene más pensar en el cómo y en quién va a construir eso. ¿Quiénes son los promotores? ¿Quieren vender o alquilar? No generemos otra ronda de monocultivo. Después, ¿lo tiene que hacer sólo el mercado? No, también debe haber proyectos públicos y de colaboración público-privada, que básicamente deberían ir al alquiler.

La Comunidad Autónoma de Madrid tiene aprobadas 250.000 viviendas. Cada vez que les leo tienen alguna vivienda más. Bien, es mucho mejor tener planeamiento aprobado que no aprobado. Pero la reflexión de las 250.000 debería ser: ¿cuántas de venta? ¿Cuántas de alquiler? ¿Cuántas de alquiler y venta a precios de mercado? ¿Cuántas a precios regulados? ¿Cuántas por acción pública? ¿Cuántas por colaboración público-privada?

Es generarle capas de complejidad, porque la complejidad implica capacidad de atender necesidades más diversas y estar mejor preparado para adaptarte a cambios futuros. Hay que hacer de todo: construir, comprar, movilizar, rehabilitar, acción directa pública, acción público-privada… Y el mercado también tiene que hacer su tarea.

Pero es cierto que el “construyamos pero” suele asociarse al inmovilismo. Estamos ya en 2025 con el mercado de la vivienda ardiendo y aún estamos debatiendo cómo hay que construir.

Sí, es verdad. Igual hay que buscar una muletilla dialéctica que ayude: “Construyamos para”. Hablemos del para qué y el para quién. Yo me gano enemigos en mi propio sector cuando acepto el tema de la simplificación administrativa o la flexibilidad constructiva, pero eso no significa que lo que hay que hacer es construir vivienda libre y pum. Porque eso es hacer política inmobiliaria, no de vivienda.

Precisamente, en el libro también dice que en España ha habido una política inmobiliaria y no de vivienda. ¿Por qué?

Una política inmobiliaria quiere generar PIB y empleo, y eso está bien, son dos objetivos de interés general loabilísimos. Además, lo entiendo desde el punto de vista político: es muy poco rentable electoralmente decir que quieres contener el precio de los activos inmobiliarios o incluso en algunos casos deflactarlos. Porque entonces quien te salta no son los operadores económicos, sino las clases medias, básicamente boomers y muchos de ellos rentistas.

Pero eso no puede ser el sustitutivo de una política de vivienda que trate de promover la accesibilidad y la asequibilidad. Obviamente tienes que convivir con el mercado y es un activo de país que el mercado funcione bien. Por ejemplo, tenemos un mercado hipotecario que funciona mucho mejor que la media. Oye, pues preservémoslo.

Pero el objetivo de una política pública de vivienda es generar una infraestructura, tener un stock de viviendas permanentemente fuera de la lógica del mercado, conseguir que haya inversión pública y cierta inversión privada, para después intentar dar el paso de trabajar en obra nueva a trabajar en rehabilitación, regeneración y programación urbana. De ese tipo de política hemos tenido o muy poco o sólo en algunas comunidades autónomas.

Propone una inversión del 1% del PIB anual en vivienda en España. ¿Cómo se financiaría esa partida teniendo en cuenta que las demandas presupuestarias de las pensiones, la sanidad o ahora la defensa son también cada vez mayores?

Tiene que haber gasto público. Es imposible hacerlo sin gasto público, pero no todo el gasto público tiene por qué ser subvenciones a fondo perdido. Hay que combinar capital social en empresas propias o participadas con subvenciones y con suelos públicos que sigan siendo públicos pero que se cedan a largo plazo, con financiación, aval y garantía. Y todos esos recursos públicos no implican el mismo impacto económico en cuentas.

Hay que movilizar un conjunto de medios públicos y después hay que mirar qué se hace en el resto de Europa. Hay banca pública potente y en varios países europeos se detrae una cantidad de la nómina que va a un fondo estatal que gestiona un banco público para financiar proyectos de vivienda social. Considerémoslo.

Y una vez que tengamos un sector público bien diseñado, dirijámonos al sector del mercado. Si usted invierte en vivienda que se alquila a determinados precios, usted va a obtener estos rendimientos, puede acceder a estas subvenciones, a este suelo público, a esta financiación y a este régimen fiscal. No todo ese 1% del PIB que hay que invertir en vivienda es forzosamente público.

Hay cierto sector de la izquierda que en lugar de construir prefiere actuar sobre el parque ya existente, interviniendo por ejemplo en el sector del alquiler turístico o las viviendas vacías.

Hay gente a la que le excita políticamente la inspección y la sanción. Es necesaria desde un punto de vista de higienismo, como que una ciudad limite, someta a licencias y zonifique el alquiler turístico. Pero eso es una cosa y otra pensar que vas a conseguir generar un conjunto de viviendas asequibles sólo con medidas punitivas y vivienda pública o como mucho con cooperativistas sólo de izquierdas. No es estar en este mundo. Y veo a demasiada gente mucho más preocupada por el purismo teórico de sus posiciones que por resolver el problema.

Preguntemos a la gente que lleva veinte años gestionando vivienda vacía, que son los compañeros y compañeras de Bizigune [el programa de movilización de vivienda vacía de la Agencia de Alquiler Social del País Vasco]. Tienen comprobado que hay un tercio de los propietarios con los que nunca consigues hablar. De los dos tercios restantes, sólo a la mitad los convences para poner la vivienda en un programa público para rehabilitarla y alquilarla, y a la otra mitad no los convences. Y esto a nivel de comunidad autónoma.

Pero es que además en una zona de mercado tensionado de un área metropolitana no puede haber mucha vivienda vacía, porque el mercado se lo come todo, lo vende y lo alquila todo. Y la vivienda vacía que hay es muy mala.

A cierta gente de izquierdas le cuesta muchísimo entender que sólo con vivienda vacía, rehabilitación, operadores públicos, cooperativas de izquierdas y medidas represivas no va a ser posible arreglar el problema. Del mismo modo, a una buena parte de la derecha le cuesta muchísimo entender que sólo con vivienda de mercado y con shock de oferta esto no va a funcionar.

Y que el papel del sector público no es hacer unas poquitas cosas para atender a los pobres de los más pobres. El papel de un sector público moderno, y España es un país moderno, es ayudar a generar una infraestructura, gestionar directamente parte de esa infraestructura y colaborar con operadores privados en la producción y la gestión del resto de la infraestructura, lo cual implica un Estado emprendedor, potente, activo y sofisticado.

“Usted me regala el suelo, me da las subvenciones, me da la licencia automáticamente y se quita de en medio”. Pues mire, no, porque estamos poniendo un montón de bienes del contribuyente en sus manos y lo mismo es interesante que sigamos trabajando juntos a ver a dónde va usted.

¿Y qué hay de las ayudas directas para alquilar o comprar? ¿No suelen acabar en manos del mercado?

No, no siempre, depende de cómo estén diseñadas. Las ayudas a la compra, el help to buy, es completamente distinto si ayudas a comprar vivienda de mercado o vivienda protegida. Si das una ayuda para comprar una vivienda protegida, el precio está topado y es imposible que el vendedor la absorba.

Si es para comprar vivienda libre, yo le veo riesgo. Sobre todo si no hay un sistema de control. Hay mucha evidencia empírica, como el propio modelo franquista o el Reino Unido. Cuando los británicos se cargan su council housing [bajo el mandato de Margaret Thatcher en los años ochenta] y empiezan a ver que hay problemas, aparte de echar paladas de dinero a las ayudas públicas de alquiler, también implementan un programa de help to buy potente pero que sirve básicamente para que la gente cambie de vivienda y tensionar los precios. A mí no se me ocurre cómo hacer programas de help to buy en vivienda no protegida que funcionen bien.

Después, las ayudas al alquiler tienen sus riesgos, pero a mí sí que me parece que son efectivas. El único problema que tiene es que consumen muchos recursos y no hay suficientes, lo que te hace ser selectivo y llevar las ayudas sólo a los casos de emergencia social. Aquí la clave básicamente es tener capacidad de seguimiento y comprobar que la ayuda no la integra el precio del alquiler, para lo cual tienes que tener precios topados y hacer comprobaciones. No es mandar un cohete a la luna.

En el lado contrario, el de la oferta, ¿cómo convencemos a un propietario de que modere el precio del alquiler: con incentivos o con castigos?

Hay que hacer las dos cosas, lo que pasa es que en incentivos ya no sé qué va a ser lo siguiente. Ahora mismo, si rebajas un 5% del precio respecto del precio del anterior contrato, no tributas por el 90% del rendimiento. ¿Cuántos empresarios querrían escuchar eso? Y el alquiler normal sólo tributa al 50%. Imagínate cualquier otro negocio en el que se te diga: «Mira, por operar, por hacer tu trabajo, la mitad no la tributas». Lo último que ha anunciado el Gobierno es que en zonas de mercado tensionado, si alquilas al precio fijado por el SERPAVI [sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda], no tributas.

Yo, por cierto, tengo mucho menos inconveniente con el “no tributas” que con el aprecio del indicador, porque este mide el estado del mercado. No es de recibo decirle a alguien: “Si tú alquilas al precio medio, no pagas impuestos”. No. Si tú ayudas a que ese mercado se enfríe un poco, entonces sí, te voy a dar un incentivo fiscal. Por el lado de los particulares ya mucho más no se puede ir, lo siguiente es que el contribuyente les pague dinero por el alquiler.

Por el lado de la oferta profesionalizada, es decir, de los promotores públicos y privados de alquiler, sí hay cosas por hacer. Los públicos no pagamos prácticamente impuesto de sociedades pero los suelos que cedemos en derecho de superficie tienen una penalización fiscal muy importante en el IVA. Y habría que intentar crear una entidad de alquiler de vivienda específica para el tipo de alquiler que necesitamos y que la puedan utilizar los proyectos privados y los público-privados. Por el lado de incentivar la oferta profesionalizada privada hay recorrido.

¿Y con respecto a los castigos?

Por el lado del castigo está el recargo por vivienda vacía. Pero antes tienes que decirle al propietario privado: «Tengo un programa público en el que, si tú quieres, te desentiendes de todo, me das la vivienda, te pago el dinero, gestiono el alquiler y te la devuelvo a los años que sean”. Es decir, debes tener el pack completo para quien quiera ponerte su vivienda a disposición.

La gente generalmente no suele tener una vivienda vacía porque le sale de las narices. Ahí hay muchas cosas: hay herencias que no han sido bien resueltas, presupuestos de rehabilitación que la gente no puede asumir, gente mayor que no puede con la vivienda que tiene… Pero bueno, vamos a asumir la posibilidad de que hay alguien que tenga un bien perfectamente explotable y no le dé la gana. Y hay retención especulativa. Bueno, pues tendrá que haber penalización. No conozco a nadie que haya estructurado una política pública sólo en torno a penalizaciones de viviendas ya existentes, pero bueno, está bien.

Es un elemento, otra vez, de higiene del sistema. El recargo máximo por ley financiera estatal sólo puede ser del 50%. Entonces, si alguien que tiene una vivienda vacía paga 600 euros de IBI al año, va a pagar 900. La pregunta es si por pasar de 600 a 900 va a cambiar su comportamiento económico. Yo diría que no. Sí tiene que haber penalizaciones que sean un poquito más serias. Ahora, yo creo más en la zanahoria que en el palo.

También comenta en el libro que el ejemplo de España debería ser Alemania, no Austria o Viena, que es a donde se suele mirar. ¿Por qué?

Nuestro modelo es más Alemania porque tienen un parque público pequeño en comparación con Austria y Países Bajos, aunque siguen teniendo más del triple que nosotros. Y porque tienen muchos programas de concertación público-privada y un gasto público potente pero dirigido a generar infraestructura pública y a que el mercado acepte colaborar con la Administración en ciertas condiciones.

En España me parece que hay un contexto, con las ciudades consolidadas y la propiedad repartida, donde es más fácil utilizar esas herramientas. Alemania tiene un parque público modesto, pero lo tiene, y tiene ayudas masivas en forma de bolsas. Le dicen al propietario privado: «¿Tú quieres alquilar a precio de mercado? Fenomenal, fiscalidad normal y no tienes una sola ayuda. Si empiezas a bajar el precio, yo te empiezo a meter subvenciones y beneficios fiscales».

Otra cosa que tienen, sin tanta polémica entre izquierda y derecha, es el control de alquileres, con mayor o menor intensidad desde los años setenta y con mucha intensidad en los últimos quince años.

Precisamente Barcelona fue la puerta de entrada del control del precio del alquiler alemán en España. ¿Está realmente funcionando?

Primero sería bueno que las valoraciones se publiquen después de que el sistema entre en funcionamiento, porque hay gente que tenía la valoración ya preparada el día que entró en vigor. La literatura científica, y no la de papers pagados por la patronal, dice que indudablemente es un instrumento que a corto plazo enfría los mercados, reduce los incrementos de los precios o los baja y fortifica la posición de quien está ya dentro del sistema.

Según las estadísticas de la Generalitat, están bajando los precios y una parte de la oferta se está dirigiendo al alquiler de temporada [contratos de entre uno y doce meses, sin precio regulado]. Aquí el sector privado tiene un reto que afrontar. Ellos dicen ser defensores de la seguridad jurídica y que el Estado atenta contra ella porque legisla mucho, pero cuando tienen encima de la mesa obligaciones indudables las violan masivamente. Están declarando su posición. Es un fraude masivo y la Administración tiene que empezar a inspeccionar y sancionar.

Pero yo creo que esa fuga se taponará, al igual que hubo mucho alquiler turístico ilegal y dejó de haberlo porque hubo acción pública. O el fenómeno menos conocido de las falsas residencias de estudiantes que eran hoteles encubiertos y que también se ha atajado. Hay una carrera entre los que hacen la normativa y los que les buscan agujeros, aunque también convendría no hacer la normativa ya directamente con el agujero.

¿El control de alquileres es extrapolable al resto del país?

No. Es una bazuca importante y debe ser siempre selectiva, excepcional en el tiempo y en el espacio, porque el problema es básicamente urbano y de ciertas áreas metropolitanas. Hay que hacer el estudio de qué mercado está verdaderamente estresado.

Otra cosa es que una Administración autonómica sea rebelde y no lo aplique cuando indudablemente una zona de mercado está tensionada y con claridad la política pública y el funcionamiento del mercado no está revirtiendo la situación. Tiene que haber mecanismos en los que a través de la petición de los ayuntamientos o por intervención de la policía federal del Gobierno estatal se declare.

¿Tenemos suficientes datos oficiales para medir el impacto de las políticas públicas o la marcha del mercado?

No. El único observatorio que lo hace sistemáticamente desde hace veinte y tantos años es el vasco, que cuando presenta sus planes de vivienda explica por qué opta por unos instrumentos y no por otros, habiendo hecho la evaluación del plan anterior. Y después, aunque lleve menos tiempo, el observatorio de Barcelona, que ha hecho mucho trabajo de estudio del mercado, aunque desde el punto de vista de las políticas públicas.

Hay una serie de preguntas, como quién es el propietario de la oferta de alquiler, cuál es el nivel verdadero de vivienda vacía o cuál es el nivel de profesionalización y de concentración de la oferta de alquiler, que las tiene que medir la Administración de la manera más científica posible y poner los datos a disposición del público.

Lo que asombra es que no sea obligatorio que haya un observatorio de vivienda en cada Administración y que no haya una red estatal de observatorios de vivienda. O que en algunos lugares oigas a responsables políticos decir: «Por encima de mi cadáver habrá un observatorio de vivienda”. No quieren que se produzcan datos, y a los datos no hay que tenerles miedo nunca.

Para que los precios se moderen, ¿tiene que perder a alguien?

Sí, claro. Pero es un proceso, no es un daño emergente. Es ganar un poco menos. Aquí no se le pide a nadie que pierda. Se pide que cuando venda, venda con beneficios, pero más moderados, y se pide que cuando alquile, gane pasta, pero de una manera un poco más sostenible.

Pero claro que tiene que haber ganadores y perdedores. Y los ganadores son básicamente milenials y zetas, y quien tiene que pagar la factura somos boomers y X. En el caso de los pequeños propietarios, hay que desdramatizar. No se les va a pedir un sacrificio tan grande.

Después, si hubiese un buen market shaping, si el sector público ayudase a configurar un sector privado sano, las empresas más especulativas lo deberían tener peor. Ya lo sentimos. Y las empresas que quieran colaborar a generar vivienda asequible y poner su granito de arena tendrían que ser ganadoras.

Cuando hablamos del problema de la vivienda, ¿hablamos de una lucha de clases o de generaciones?

Las dos cosas a la vez. También creo que el territorio juega un papel en términos de cuál es la estructura económica y cómo ha funcionado habitualmente la Administración en tu zona: si estás en el lado territorial en el que la economía del turismo, el ladrillo y los eventos es hegemónica, o si estás en el lado de España donde la mezcla de industria y campo tecnificado es la columna vertebral de la economía.

Es más fácil hablar de políticas públicas de vivienda a la europea con un milenial vasco cuyo aita trabaja en una fábrica de coches, con un autogobierno bastante socialdemócrata, política pública de vivienda desde hace treinta años, economía industrializada y fuerza de trabajo sindical, que con un boomer en Canarias que además es rentista. A este le estás imputando toda su forma de vida, le estás diciendo que en Canarias la economía habría que diversificarla, que los bienes inmuebles deberían tener el menor valor y que no puede vivir de las rentas.

Vivir de las rentas es una expresión que significa vivir sin trabajar. Bueno, pues igual también tenemos que dignificar el trabajo.