Durante el gobierno anterior, altos mandos militares compraron patrullas marinas a un astillero que no tenía experiencia en el rubro y que estaba con problemas de solvencia financiera.
El Ministerio de Defensa aplicó arresto a rigor de entre 15 y 30 días a cuatro jerarcas de la Armada Nacional por su manejo ante las actuaciones de un “grupo de trabajo” creado por la ministra Sandra Lazo. La medida busca sancionar conductas vinculadas a la compra de dos patrulleras oceánicas OPV al astillero español Cardama.
La sanción más severa recayó en el excomandante en Jefe Jorge Wilson, con 30 días de arresto. Según las autoridades, Wilson brindó información sobre un segundo pago de 8,2 millones de euros a Cardama. El pago fue aprobado en febrero por el gobierno anterior, pero el actual cuestiona su justificación.
Investigación administrativa recomienda ahondar en el contrato
El contraalmirante José Ruiz y el capitán Marcelo Da Silva también fueron sancionados por omisiones o retrasos en entregar datos al “grupo de trabajo”. Este equipo, liderado por el asesor Alfredo Maeso, concluyó que se requiere una investigación administrativa para revisar el proceso de compra iniciado bajo la administración del nacionalista Javier García.
El contrato con Cardama, por 82 millones de euros, incluyó dos pagos ya realizados. El actual gobierno del Frente Amplio sostiene que no hay evidencia suficiente de que el astillero cumplió los hitos pactados. Una reunión previa a Semana Santa con ejecutivos de Cardama no resolvió las dudas sobre los avances.
En la reunión, Mario Cardama, ejecutivo del astillero, aseguró que la obra está certificada por Lloyd’s Register. Además, invitó a autoridades uruguayas a presenciar la puesta de quilla del primer buque el 15 de mayo, hito que activaría un tercer pago del 30% del contrato.
Pese a esto, el gobierno uruguayo mantiene reservas. Las sanciones a los jerarcas buscan responsabilizar el “comportamiento” durante el proceso, mientras se evalúan acciones futuras. El contrato, ya en ejecución, limita las opciones legales para revertirlo, según analistas.
Cuestionamientos a la selección del astillero español
El proceso de compra de OPV comenzó en 2021, pero fue declarado desierto en 2023 por excesos en los presupuestos. Tras evaluar barcos usados, Uruguay optó por Cardama, pese a sus limitaciones. Gustavo Musso renunció en desacuerdo, marcando un precedente de disidencias internas.
El contrato, firmado en diciembre de 2023, obliga a Cardama a entregar dos buques. Sin embargo, su historial de proyectos fallidos y reestructuraciones financieras alimenta escepticismo. Si no cumple, Uruguay podría perder US$92 millones ya invertidos y quedar sin las patrulleras necesarias para modernizar su flota.
En julio de 2023, la elección de Cardama generó escepticismo por su falta de experiencia en construcción de OPV. Un informe de Gustavo Musso, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, advirtió que la empresa no cumplía el requisito de tener al menos un buque similar operativo.
Musso señaló en un documento que aceptar un “prototipo” implicaba riesgos, citando problemas pasados con barcos franceses. No obstante, una comisión asesora avaló a Cardama, argumentando que su inexperiencia en OPV no era excluyente. Dicha comisión incluía a funcionarios de Defensa y miembros de la Armada.
En septiembre de 2024, Cardama enfrentó riesgo de quiebra al no obtener un préstamo de Abitab. Necesitaba US$4 millones para cumplir garantías exigidas por Uruguay. El contrato establece que, sin avales financieros en 60 días, puede declararse nulo, aunque ambas partes pueden negociar extensiones.
La propuesta de Cardama de entregar US$4 millones en efectivo para garantías generó dudas sobre el origen de los fondos. Expertos señalaron que la falta de avales bancarios españoles y seguros de cumplimiento incrementan los riesgos para Uruguay.
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