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En un artículo minucioso del portal Las 2 Orillas en Colombia, detalla que el empresario antioqueño Alberto Ríos creyó que la pesadilla había terminado cuando en septiembre de 2024 solicitó la intervención de su empresa Aire-E. Aquel movimiento, acompañado por su abogado Jaime Lombana, parecía una retirada digna en medio de una crisis financiera que se había tornado insostenible. Pero el alivio fue efímero. Hace pocos días, el Gobierno nacional fue tajante: la deuda acumulada por la compañía , que supera los $2 billones, no será asumida por el Estado. El responsable sigue siendo él.
El encargado de dar la noticia fue el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien no solo conoce de cerca los números de Aire-E, sino que fue su interventor antes de llegar al gabinete. En un evento en Barranquilla, Palma no dejó espacio para interpretaciones: “Las obligaciones contraídas por Aire-E antes de la intervención deben ser respondidas por quienes tomaron las decisiones empresariales y firmaron los contratos. El Estado no va a cargar con ese lastre”.
El anuncio cayó como un baldado de agua fría sobre el entorno del empresario paisa. Hasta el momento, Ríos no ha emitido declaración alguna, pese a que la noticia sacudió al sector energético y a los inversores que alguna vez apostaron por su modelo. En su solicitud de intervención, Ríos había advertido que Aire-E no tenía la capacidad financiera para asumir la deuda, que incluía obligaciones con el sector público por más de $1,8 billones y pérdidas estimadas en $450 mil millones para sus accionistas. El mensaje era claro: sin intervención, la empresa colapsaría; con intervención, el Estado debería asumir los costos del naufragio. La respuesta institucional no se hizo esperar. Dagoberto Quiroga, cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y antiguo abogado del movimiento Colombia Humana, avaló la toma de posesión de la empresa para garantizar el servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Era una decisión urgente, impulsada más por la necesidad de evitar un apagón regional que por confianza en el modelo empresarial que Aire-E había representado.
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Durante meses, se especuló que el Gobierno asumiría las deudas anteriores como parte de una estrategia de salvamento estructural. Pero la posición de Palma disipó toda duda: las facturas pendientes no se borran con la intervención. De hecho, varias entidades del sector ya alzaron la voz. EPM denunció una deuda de $107 mil millones por concepto de energía entregada, mientras otras generadoras eléctricas aseguran estar en la misma situación. La cadena de impagos afecta la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Este nuevo episodio revive los cuestionamientos sobre la forma en que se entregó el contrato a Aire-E en octubre de 2020, durante el gobierno de Iván Duque. En ese entonces, el proceso fue presentado como una solución definitiva para resolver la histórica crisis de Electricaribe. La ministra de Minas de entonces, María Fernanda Suárez, y el propio presidente Duque lanzaron el anuncio con entusiasmo, convencidos de que por fin se garantizaba un servicio de calidad a millones de costeños.
Sin embargo, desde el Congreso, el senador Jorge Enrique Robledo advirtió los riesgos del modelo. Denunció falta de garantías, vacíos regulatorios y posibles favoritismos en la adjudicación. También criticó duramente a la superintendente de Servicios Públicos de la época, Natasha Avendaño, una funcionaria cercana a la Casa de Nariño que luego fue nombrada en la CREG. Su paso por esa comisión fue breve: el Consejo de Estado anuló su designación. Hoy, Avendaño dirige la Empresa de Acueducto de Bogotá, desde donde le ha tocado enfrentar el racionamiento de agua en la capital.
Mientras tanto, los resultados en la región Caribe son poco alentadores. Ni Aire-E ni Afinia, la filial de EPM que asumió la operación en Córdoba, Bolívar y Sucre, lograron estabilizar la prestación del servicio. La deuda creció, el servicio sigue siendo deficiente y la confianza ciudadana se ha erosionado. El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha dicho sin rodeos que la participación de EPM en el negocio fue «el peor en la historia de la empresa». Una sentencia dura, pero que refleja el malestar acumulado.
Hoy, el foco vuelve a posarse sobre Alberto Ríos. El discurso de que “el Estado se hace cargo” ha quedado atrás. Lo que hay ahora es una deuda monumental, una empresa intervenida y un silencio que pesa. La factura no desapareció con la intervención. Solo cambió de manos administrativas. Y el mensaje del Gobierno es claro: los errores del pasado tienen responsables con nombre y apellido.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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