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Desde la tierra fértil y resiliente de los Montes de María, una de las regiones más golpeadas por la violencia, pero también una de las más ricas en lucha campesina y memoria histórica, el Estado colombiano dio un paso significativo hacia la transformación de la justicia rural. Este viernes, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, encabezó un encuentro trascendental sobre la Jurisdicción Agraria, organizado por la FAO y el PNUD, donde se anunciaron medidas clave para avanzar en el acceso equitativo a los derechos en el campo.
El evento, que congregó a liderazgos institucionales y comunitarios, fue el escenario donde se presentó oficialmente el Protocolo de Atención a la Mujer Rural, una herramienta normativa que busca poner fin a las múltiples formas de discriminación y obstáculos que enfrentan miles de mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes al momento de acudir a la justicia.
“El derecho no puede seguir siendo un privilegio urbano. La mujer rural necesita una justicia que la escuche, la entienda y la respalde”, afirmó la ministra Buitrago ante un auditorio conformado por lideresas comunitarias, jueces rurales, defensores de derechos humanos y representantes de organismos internacionales.
A lo largo de su intervención, la ministra subrayó que este protocolo no solo responde a una deuda histórica, sino que se construyó con la participación activa de las propias mujeres rurales, incorporando sus relatos, necesidades y visiones. La medida busca garantizar rutas claras, personal capacitado con enfoque de género y herramientas institucionales que aseguren una respuesta oportuna, respetuosa y transformadora.
El anuncio fue respaldado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien destacó que la política de justicia rural no puede separarse de los esfuerzos por democratizar la tierra, proteger la economía campesina y cerrar las brechas territoriales. “La justicia no puede llegar tarde al campo. Cada proceso agrario congelado o injusto, es una vida en pausa”, expresó.
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Uno de los momentos más contundentes del encuentro estuvo a cargo del magistrado Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien hizo una férrea defensa del proyecto de ley de Jurisdicción Agraria que actualmente cursa en el Congreso. En sus palabras, esta reforma es indispensable para saldar las deudas del Estado con el campesinado y superar los cuellos de botella legales que impiden la resolución de conflictos sobre la tierra. “No puede haber paz sin justicia agraria. Y no puede haber justicia agraria si el Estado sigue actuando como si el campo no existiera”, señaló con vehemencia.
Más allá de los discursos, el encuentro fue también una jornada de escucha activa, donde varias mujeres rurales tomaron la palabra para narrar, con voz firme, sus experiencias frente a la negligencia judicial, la falta de información y la revictimización institucional. Algunas de ellas, víctimas del desplazamiento forzado, otras aún en medio de litigios de restitución de tierras, coincidieron en una misma esperanza: que esta vez el Estado no se quede en el papel.
El evento concluyó con la firma simbólica del protocolo, la entrega de ejemplares a las representantes comunitarias y el compromiso de llevar esta herramienta a todos los rincones del país rural. A partir de ahora, los territorios no solo serán escenario de políticas públicas, sino también protagonistas de un modelo de justicia más humano, inclusivo y reparador.
Colombia ha escuchado a sus mujeres rurales. Y, desde los Montes de María, ha prometido que la justicia —por años lejana—, finalmente caminará a su lado.
carloscastaneda@prensamercosur.org
