El Tribunal Superior Electoral ya intervino varias veces para que los candidatos retiren piezas de comunicación por contener información engañosa o falsa. «Esta es una elección con mucha desinformación», dijo a Télam Natalia Leal, directora ejecutiva de Agencia Lupa, una de las plataformas de fact-checking de Brasil.
La recta final de la campaña presidencial en Brasil, en la que el actual mandatario Jair Bolsonaro y el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, compiten por la sucesión, está plagada de acusaciones de noticias falsas o fake news, mientras el máximo tribunal electoral interviene como árbitro para combatirlas, pese a no existir una legislación específica, y pide colaboración a empresas de fact checking, pero según especialistas, sigue sin actuar a tiempo.
A medida que se acerca la fecha del balotaje del domingo próximo 30 se incrementaron las intervenciones del Tribunal Superior Electoral (TSE) para exigir a las campañas de los candidatos que retiren piezas de comunicación por contener información engañosa o falsa.
A Bolsonaro la justicia le pidió que retirara aquellas piezas que asociaban al expresidente con el gobierno de Nicaragua, otro que lo vinculaba con casos de corrupción, una que aseguraba que el PT iba a cerrar iglesias evangélicas en caso de asumir el poder y una que sugería que Lula había celebrado el surgimiento del coronavirus, entre otras.
A la campaña de Lula le solicitaron dar de baja un spot que responsabilizaba a Bolsonaro y sus hijos con un esquema de corrupción, uno sobre la compra de inmuebles con dinero en efectivo y otro en el que el mismo presidente dijo que estuvo a punto de comer «carne de indio».
Si bien algunas de esas piezas no forman parte de la campaña oficial de cada candidato, sino de canales llamados «paralelos» o «propaganda lado b» (hecha desde las mismas campañas, pero no divulgadas por los canales, cuentas y perfiles oficiales) el TSE dispuso su retiro.
«Esta es una elección con mucha desinformación, incluso en mayor medida que la de 2018, pero también desde ese año la sociedad debate más sobre la desinformación; esto no quiere decir que tenga menos impacto la desinformación en el proceso electoral, sino que hay más debate sobre ella», dijo a Télam la directora ejecutiva de Agencia Lupa, una de las plataformas de fact-checking de Brasil, Natalia Leal.
La periodista comentó que la cantidad de solicitudes de verificación que reciben de sus lectores a través de WhatsApp «es un 500% mayor que en el período previo a la campaña electoral» y también mediante redes sociales, lo que lleva a esa entidad a «creer que las personas buscan más formas de verificar si la información es falsa o verdadera cuando se exponen a contenido potencialmente falso«, señaló.
Letrados consultados por Télam coincidieron en que se trata de una campaña excepcional que presenta desafíos para los tribunales electorales.
«La justicia electoral de Brasil tiene más de 90 años y viene siguiendo con preocupación este fenómeno; ya había aparecido en 2018 y 2020, pero ahora ha ganado un volumen mucho más gigantesco que la capacidad para responder de la justicia», dijo a Télam la jueza electoral Cristiana Cordeiro.
La magistrada además trazó una comparación entre la época actual y etapas previas a la masificación de las redes sociales.
«Tradicionalmente, lo que enfrentábamos era la publicidad irregular, su colocación en lugares prohibidos, o denuncias de compra y venta de votos; hoy llegan denuncias de videos y audios en los que hay manipulaciones que llevan al votante a creer que algo es real cuando no lo es, y llegan a una velocidad que es casi imposible de enfrentar, y la respuesta suele llegar demasiado tarde, porque hasta que no haya una orden judicial para eliminarla pasa el tiempo y sigue circulando», dijo Cordeiro.
«La justicia electoral hizo acá en Brasil lo máximo que podía hacer, no tenemos una ley específica de combate a las fake news como algunos países de Europa, como Alemania que impuso por ejemplo la autorregulación regulada de las redes sociales y con eso dio velocidad y eficiencia a esa pelea», dijo a Télam el abogado coordinador general de la Academia Brasilera de Derecho Electoral y Político (Abradep), Luiz Fernando Pereira.
«La justicia es siempre más lenta, la acción de juez competente demora tiempo para ser protocolizada y despachada, por eso digo que hizo lo máximo, incluso en su acuerdo con las plataformas de redes sociales», agregó.
El TSE interviene prácticamente a diario en la campaña, pero sus facultades no están exentas de críticas y debates, ya que no existe una regulación específica sobre la difusión de noticias falsas, aunque según algunos magistrados el marco jurídico actual es suficiente para controlarlas aunque ponen el acento en la falta de rapidez.
Cordeiro, que integra además la asociación de magistrados Jueces para la Democracia que tiene más de tres décadas para la defensa de los derechos humanos y el Estado democrático, explicó que si bien la legislación electoral «prevé penas, multas, y da derecho a réplica a quien es ofendido», la velocidad ·con la que se crean y difunden las noticias falsas, supera con creces la velocidad que tiene la justicia».
«El TSE tiene la posibilidad de dictar reglas, pero no son leyes, son resoluciones. Hay un debate jurídico sobre la validez de estas resoluciones y si realmente tienen esa fuerza de ley para regular las noticias falsas. Pero no necesitamos una ley específica para criminalizar la conducción de noticias falsas», aseguró la jueza, quien también advirtió sobre los riesgos de crear más regulaciones sobre delitos ya tipificados.
Si bien el tribunal implementó en 2020 un mecanismo a través de las redes sociales llamado «Fato o Boato» (hecho o rumor) en el que hace una suerte de fack checking, Cordeiro no cree que esté funcionando. Además se instala la pregunta por el rol de las empresas -en su mayoría multinacionales- de redes sociales y motores de búsqueda de Internet.
El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, se reunió la semana pasada con representantes de plataformas digitales y redes sociales «para solicitar total vigilancia» en la lucha contra la desinformación. Luego, aprobó acelerar la remoción de fake news de las redes para que el plazo sea de dos horas (en lugar de 24) y so pena de multa de hasta 20.000 dólares por hora.
Al ser consultada por la colaboración entre justicia y empresas, Leal estimó que «hay avances considerables pero la cooperación efectiva aún está lejos de suceder». Para Pereira, la circulación de noticias falsas «se puso más grave al final de la campaña» actual y remarcó la complejidad de las noticias falsas «porque no es un concepto objetivo».
Aseguró que algunos spots o noticias «son nítidamente verdaderas y otras nítidamente falsas, pero en el medio hay una zona gris en la que el propio TSE se dividió».
«La parte más minimalista contra la más intervencionista, que es la que prevaleció y genero una narrativa en torno a la palabra de censura, pero es impropio hablar de censura», aclaró.
Pereira consideró que «es difícil combatir las fake news porque es un problema internacional» y en el caso de Brasil estimó que «tiene que dar un paso en el (Poder) Legislativo y crear una legislación más eficiente».
Para Cordeiro, las redes sociales se benefician con la circulación de este tipo de información, ya que generan una «gran cantidad de engagement (nivel de interacción de la audiencia con una marca en sus comunicaciones) con eso y les rinde» por eso se preguntó «¿Cuál es el compromiso de las plataformas con la verdad si su fin es comercial?».
«Las plataformas no están allí para unir a las personas, sino para sacar provecho. Pero tienen que beneficiarse de manera responsable y prohibir que se cometan delitos en las plataformas», agregó.
En Agencia Lupa, según Leal, desde que iniciaron con las verificaciones pero más este año reciben «todos los días, acusaciones de parcialidad, amenazas y acoso digital y ser blanco de discursos de odio».
El clima de tensión permanente según Cordeiro hace que «mucha gente diga ‘no me interesa la política, es una cosa sucia’, porque cuando se difunden estas noticias falsas, aumentan el rechazo de la gente y baja la participación política».
«Tengo 25 de jueza, y observo con asombro y temor lo que estamos haciendo como Nación. Tenemos un país dividido en dos, con personas que defienden ya no solo ciertas posiciones, sino una forma de vida», concluyó Cordeiro.
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