Imagen Procuraduría General de Colombia
En un acto solemne celebrado en la sede de la Procuraduría General de la Nación, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco tomó juramento a los nuevos procuradores delegados para Asuntos de Salud, Mónica Andrea Ulloa, y Primero de Intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Padilla Hernández. Este nombramiento refuerza el compromiso del Ministerio Público con la vigilancia y garantía de derechos fundamentales en sectores estratégicos como la salud y la justicia transicional.
Mónica Andrea Ulloa, destacada abogada con especialización en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Económico, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la seguridad social y la regulación del sector salud. Su experiencia en dirección de equipos de trabajo y en la defensa judicial de entidades públicas y privadas la convierten en una pieza clave para fortalecer la supervisión del sistema de salud en el país. Ha ocupado cargos de relevancia en el Ministerio de Protección Social y en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), lo que le ha permitido conocer de cerca los retos y desafíos del sector. Su llegada a la Procuraduría se perfila como una oportunidad para fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el acceso equitativo a los servicios de salud.
Por su parte, Eduardo Padilla Hernández, abogado con especialización en Derecho Administrativo, ha desarrollado una destacada carrera en la gestión comunitaria, urbanística y ambiental. Con una trayectoria que abarca roles clave en la Personería de Bogotá, el Ministerio de Agricultura y el Congreso de la República, su liderazgo ha sido determinante en la promoción de la participación ciudadana y la defensa de derechos colectivos. Más recientemente, se desempeñó como presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas y la Fundación Grito de la Tierra, desde donde impulsó importantes iniciativas de control social. En su nuevo rol, tendrá la responsabilidad de intervenir en los macrocasos 04, 06 y parte del 08 que adelanta la JEP, contribuyendo así al esclarecimiento de los crímenes del conflicto armado y a la garantía de justicia para las víctimas.
La designación de Ulloa y Padilla Hernández responde a la necesidad de consolidar una Procuraduría más cercana a la ciudadanía, con una gestión transparente y efectiva. A partir del 1 de abril de 2025, asumirán sus funciones con el objetivo de fortalecer el diálogo entre la sociedad civil y las entidades del Estado, en concordancia con los lineamientos establecidos por el procurador general. Su labor será fundamental para garantizar la protección de los derechos fundamentales y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo.
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