Capítulo final para la descarbonización del transporte marítimo?

La próxima semana, en Londres, la Organización Marítima Internacional (OMI) retomará las reuniones formales para definir cómo seguirá el camino hacia la descarbonización del sector.

El organismo de Naciones Unidas (ONU) encargado de la seguridad y protección del transporte marítimo y la prevención de la contaminación proveniente de los buques, entre otras cuestiones, volverá a ser escenario de un debate que cobró forma en abril de 2018, cuando sus miembros llegaron a un acuerdo histórico para la industria del transporte marítimo global al consensuar como meta la reducción del 50% de las emisiones de gas carbónico hacia 2050, respecto de los niveles de 2008.

Cinco años más tarde, el 8 de julio de 2023, tras dos semanas de encendidos debates y negociaciones, la OMI logró adoptar una estrategia revisada para avanzar en la descarbonización del transporte marítimo. Entonces, se estableció 2025 como fecha límite para definir un instrumento económico (una tasa sobre la emisión de cada tonelada de Gas Efecto Invernadero –GEI- emitidos) y una canasta de medidas técnicas que entrará en vigor en 2027 (como una norma mundial sobre combustibles, GFS, por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es impulsar el uso de energía de emisiones cero en los buques para alimentar totalmente el sector de aquí a 2050).

Sin embargo, aún hay detalles importantes que siguen sin resolverse.

Cuánto, a quién y para qué

A pesar de que en las últimas semanas la idea de establecer una tasa a las emisiones sumó el apoyo de diferentes países (con el guiño de Panamá, la iniciativa concentra el respaldo del 66% de la flota mundial), todavía quedan por definir aspectos clave de la política, como el monto y destino de la tasa, el ámbito de aplicación, y la administración y distribución de los ingresos que se generen con la medida, al tiempo que un grupo de naciones entre las que figuran Argentina, Brasil (anfitrión de la COP30), China, Arabia Saudí, India y Sudáfrica, siguen rechazando la iniciativa.

Li Shuo, Director de China Climate Hub del Asia Society Policy Institute (ASPI), comentó que no lo sorprende que China, Brasil, India, Sudáfrica y Arabia Saudí se opongan a la tasa.

“Ya han dejado clara su postura y es probable que eso no cambie. Pero este año, los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), junto con la UE, estarán en el centro de las miradas, y estas conversaciones son sólo uno de los muchos momentos que pondrán a prueba su peso diplomático. Ante el cambio de enfoque de EE.UU., estos dos bloques deben dar un paso al frente, o corren el riesgo de perder credibilidad a los ojos de los principales socios comerciales del Pacífico, África y América latina, muchos de los cuales apoyan la tasa”, dijo.

La tarificación del carbono ayudaría a cerrar la brecha de precios entre los combustibles fósiles y las energías renovables, y generaría ingresos para una transición equitativa, argumentan quienes apoyan la medida.

Credibilidad en juego

Representantes de ONG conservacionistas que apoyan la iniciativa creen que la nueva sesión del Comité de Protección del Medio Marino de OMI y las reuniones que se den en las próximas dos semanas serán una de las primeras grandes pruebas para evaluar si la diplomacia mundial puede prevalecer y seguir avanzando en la acción por el clima, y el resultado que se obtenga en Londres servirá también para definir las expectativas de cara a la COP30, que se celebrará en Belém (Brasil), a finales de este año.

En la misma línea se situó el Embajador Albon Ishoda, Enviado Especial de las Islas Marshall para la descarbonización marítima. El diplomático dijo que la próxima reunión del ISWG-GHG-19 (el Grupo de trabajo interperíodos sobre la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques) será una prueba de la credibilidad de la OMI.

“Sin un gravamen universal sobre los GEI, los objetivos climáticos de la OMI carecen de sentido. Esta es la forma más rápida, eficaz y barata de garantizar una transición justa y equitativa, en la que nadie se quede atrás. Los retrasos cuestan vidas. El momento de actuar es ahora”, declaró.

Los cálculos

Los expertos contabilizan “más de 60 países” liderados por el Pacífico, junto con naciones caribeñas, europeas, africanas y asiáticas, en la lista de naciones que apoyan la idea de tarificar las emisiones de carbono, aunque hasta ahora no hay unanimidad respecto del monto de la tasa, que oscila en un rango de 18 a 150 dólares por tonelada de GEI emitidos.

De acuerdo con cálculos del Banco Mundial, una tasa de 100 dólares por tonelada de emisiones de GEI podría generar hasta US$60.000 millones anuales de ingresos. Mientras que un estudio de la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), encargado por la OMI, llegó a la conclusión de que un gravamen de 150-300 dólares/tonelada de gas de efecto invernadero, si se diseña correctamente, es la mejor manera de minimizar los impactos económicos de la descarbonización del transporte marítimo sobre el crecimiento del PBI mundial, y de promover la igualdad económica global.

Alerta

Emma Fenton, Directora Senior de Diplomacia Climática de Opportunity Green, lanzó una señal de alerta al aseverar que “el futuro del transporte marítimo limpio pende de un hilo”.

Fenton dijo que es para que la OMI guíe a la industria naviera mundial hacia una descarbonización justa, rápida y suficiente es clave que los países se animen a apoyar medidas ambiciosas en las próximas semanas.

“Un gravamen ambicioso sobre las emisiones de GEI del transporte marítimo es la única manera de descarbonizar el sector sin dejar a nadie atrás. Con el creciente apoyo del sector privado, los delegados deben ahora solidarizarse con los países vulnerables al clima e impulsar esta ambición”, enfatizó.

La OMI cuenta actualmente con 176 Estados Miembros. Hay 66 organizaciones intergubernamentales que tienen carácter de observadoras, y 85 organizaciones internacionales no gubernamentales con carácter consultivo.

El lunes próximo, en Londres, comenzarán las conversaciones del grupo de trabajo técnico (ISWG-GHG-19), mientras que entre el 7 y el 11 de abril se realizará  la 83ª reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 83), con el fin de ultimar las medidas que permitirán reducir de forma equitativa las emisiones acordadas que, según la Estrategia Revisada 2023, consiste en reducir 30% de las emisiones para 2030; 80% para 2040; y llegar a cero en 2050.

La carta de navegación sigue, por ahora, con muchos agujeros negros.

Las próximas dos semanas deberían definir la profundidad y alcance de las medidas y con ello confirmar si el sector marítimo podrá alcanzar las metas consensuadas en el tiempo estipulado.

La definición no es menor porque aunque el sector es responsable del 3% de las emisiones totales, si fuera un país, ocuparía el sexto puesto en el ranking de contaminadores globales.