C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina – La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte en Argentina ha entrado en un punto crítico. A pesar de la convocatoria de una nueva audiencia para el 3 de abril, el sindicato ratificó un paro de 24 horas para este viernes 28 de marzo, dejando en vilo a millones de pasajeros que dependen del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Secretaría de Trabajo aún podría intervenir con la conciliación obligatoria por 15 días, una herramienta legal que le permitiría postergar la medida de fuerza y forzar nuevas negociaciones. Sin embargo, hasta el momento, la UTA ha denunciado la falta de propuestas concretas por parte del sector empresario y ha insistido en la necesidad urgente de una recomposición salarial.
Un conflicto estructural
El enfrentamiento entre la UTA y los empresarios del transporte no es un episodio aislado, sino el reflejo de una crisis más profunda en el financiamiento del sistema de colectivos en Argentina. Actualmente, el salario básico bruto de un chofer en el AMBA es de 1,2 millones de pesos, pero los subsidios estatales, que representan el 70% de los ingresos de las empresas, no se han actualizado desde julio de 2024.
El Gobierno de Javier Milei realizó un ajuste en los subsidios a principios de año, con un incremento del 17%, pero no contempló aumentos salariales para los trabajadores. Además, los empresarios insisten en que, sin una actualización significativa en el precio del boleto, es inviable otorgar mejoras en los haberes de los choferes. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el pasaje mínimo en el AMBA debería costar $1.600 sin subsidios, frente a los actuales $371.
Repercusiones políticas y sindicales
Este conflicto se da en un contexto de creciente tensión social y sindical en Argentina. La Confederación General del Trabajo (CGT) observa con atención la evolución de esta disputa, ya que su resolución podría afectar el impacto del paro general convocado para el 10 de abril, el tercero desde la asunción de Milei. Si el conflicto de la UTA se resuelve a través de un acuerdo salarial antes de esa fecha, algunos dirigentes temen que los choferes decidan no adherirse a la medida de fuerza, reduciendo su efectividad.
Por otro lado, la falta de inversión en el transporte público y la obsolescencia de las unidades son factores que agravan el problema. La instalación de sistemas de seguridad como ADAS y la renovación de la flota son desafíos adicionales que enfrentan las empresas, en un sector que demanda urgentes reformas estructurales.
¿Cuál será el desenlace?
Si el Gobierno dicta la conciliación obligatoria, el paro del 28 de marzo podría quedar suspendido y abrirse una nueva instancia de diálogo. No obstante, si la negociación fracasa nuevamente el 3 de abril, el conflicto podría escalar, con consecuencias económicas y políticas significativas.
En el trasfondo, la disputa por el financiamiento del transporte público y la puja por el ajuste de tarifas y subsidios continúan siendo el eje central de un modelo en crisis. La resolución de este conflicto marcará no solo el futuro del sector, sino también la capacidad del Gobierno para gestionar las tensiones sociales en un contexto de ajuste económico.
Alexis Martinez Diaz
Colaboración Adriana Asat
