Giovanny Rubiano García, Superintendente Nacional de Salud
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, advirtió esta semana que la problemática en la entrega de medicamentos en Colombia no es un fenómeno reciente, sino una crisis de fondo que se ha agravado por causas estructurales y coyunturales. Durante su intervención en el Consejo de Ministros, Rubiano García expuso un preocupante panorama financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, subrayando la urgencia de encontrar soluciones sostenibles para garantizar el acceso a los tratamientos de millones de colombianos.
En su informe, el Superintendente reveló que la deuda de las nueve EPS bajo medida de intervención supera los 15 billones de pesos, incluyendo una obligación pendiente de 907.853 millones de pesos con gestores farmacéuticos por insumos y medicamentos. A esto se suma el incumplimiento de varias EPS en la constitución de sus reservas técnicas, lo que amplifica el déficit y compromete la capacidad de pago del sistema. Esta crisis afecta directamente a 31.123.675 usuarios, que representan el 62,5 % de la población afiliada al sistema de salud, según la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
Las razones detrás del colapso en la entrega de medicamentos son diversas. Rubiano García indicó que, además de las deudas acumuladas con los gestores farmacéuticos, el modelo de salud implementado en los últimos 30 años ha priorizado la curación sobre la prevención. Esto ha generado un incremento en la población con enfermedades crónicas que requieren un alto consumo de medicamentos para el control de sus padecimientos. En este contexto, las reclamaciones por falta de entrega de tecnologías en salud, incluidos medicamentos, se han disparado en los últimos años. En 2023 se registraron 194.415 quejas, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 318.000, de las cuales el 68,16 % se concentraron en cinco EPS: Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, EPS Sura y Coosalud.
Otro factor determinante en la crisis es la negligencia en la relación contractual entre EPS y gestores farmacéuticos. Rubiano García señaló que muchas EPS no cumplen con los acuerdos de pago, mientras que algunos gestores farmacéuticos carecen de la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento de medicamentos en los puntos de dispensación. Un caso emblemático es el rompimiento contractual entre Nueva EPS y Audifarma. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Nueva EPS giró 265.269 millones de pesos a Audifarma sin que este último garantizara la entrega efectiva de medicamentos a los usuarios. Según información de Nueva EPS, Audifarma incumplió en un 87 % la dispensación de medicamentos acordada en el contrato, afectando especialmente a usuarios en Nariño, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
La respuesta de la Superintendencia ha sido contundente. Este año, la entidad ha impuesto sanciones a dos gestores farmacéuticos por incumplir planes de mejoramiento, presentar desabastecimiento de inventarios y omitir respuestas en auditorías. Además, la Supersalud ha exigido a las EPS intervenidas la presentación de planes de acción concretos y la regulación de pagos a los gestores farmacéuticos. También ha implementado medidas de seguimiento semanal a las peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionadas con medicamentos para garantizar su entrega oportuna.
En un intento por estabilizar la situación, la Supersalud impuso una medida cautelar a Nueva EPS y Audifarma para suspender el cierre de establecimientos farmacéuticos y garantizar una transición ordenada en la prestación del servicio. Si la problemática persiste, el contrato podría prorrogarse hasta por dos meses en algunos puntos de dispensación para evitar un colapso en la atención a los afiliados.
Finalmente, Rubiano García enfatizó que la solución de la crisis no será rápida ni sencilla si no se abordan las causas estructurales que la alimentan. «Si no modificamos las dinámicas del mercado, esta situación seguirá repitiéndose en nuestro sistema de salud, sin importar el gobierno de turno», concluyó el Superintendente. La declaración deja en evidencia la urgencia de una reforma profunda que garantice la sostenibilidad del sistema y el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
