
La Administración Trump tiene un nuevo chivo expiatorio: las medidas para favorecer la diversidad, equidad e inclusión de personas racializadas y otros grupos desfavorecidos en Estados Unidos, conocidas como DEI. Tras el accidente en Washington D. C. el pasado enero en el que murieron 67 personas, el presidente sugirió que las políticas de diversidad de Barack Obama y Joe Biden habrían reducido la seguridad aérea. Además, el republicano afirmó que Usaid, la agencia de cooperación estadounidense, financiaba proyectos “corruptos” centrados en la diversidad, como parte de su campaña para desmantelarla.
La cruzada contra las políticas DEI ha sido una constante del Partido Republicano en los últimos años. Es parte de una batalla cultural contra aquello considerado woke, un término que engloba luchas sociales contra el racismo o la homofobia. Cuando Kamala Harris fue elegida candidata demócrata a las elecciones del año pasado, congresistas como Harriett Hageman o Tim Burchett la definieron como una “contratación DEI”, una etiqueta usada también para otras figuras como la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Sin embargo, Trump se ha comprometido a ir más allá y poner fin a estas políticas.
Una cruzada en los sectores público y privado
La ofensiva de Trump contra la políticas DEI era una promesa de campaña. El republicano había prometido eliminar cualquier referencia a políticas destinadas a diversificar el Gobierno federal y las empresas. En un vídeo promocional de 2023, afirmó que aquellos centros educativos que persistieran en políticas de “discriminación ilegal explícita” enfrentarían multas. Asimismo, en junio de 2024, el entonces senador J. D. Vance, ahora vicepresidente, introdujo un proyecto de ley para “desmantelar” las políticas DEI.
Tras su investidura el pasado 20 de enero, Trump no tardó en tomar cartas en el asunto. Ese mismo día firmó una orden ejecutiva para poner fin a las “actividades ilegales” de DEI en el Gobierno federal.