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El 11 de marzo, la Comisión Séptima del Senado de Colombia tomó una decisión que paralizó el avance de la reforma laboral promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ocho senadores firmaron una ponencia negativa que impidió siquiera la discusión del proyecto, una iniciativa diseñada para mejorar las condiciones laborales en el país. Esta votación no solo enterró el debate, sino que puso en evidencia las alianzas políticas y los intereses detrás de cada legislador.
Estos congresistas, cuyo salario supera los 50 millones de pesos mensuales, han sido señalados por su vinculación con grupos políticos tradicionales, cuestionados en algunos casos por corrupción y parapolítica. A continuación, se presentan los perfiles de quienes promovieron el hundimiento de la reforma y los antecedentes que han marcado sus trayectorias.
Miguel Ángel Pinto Hernández (Partido Liberal)
Senador santandereano y exvicepresidente del Senado, cercano al expresidente César Gaviria. Ha sido vinculado al clan Tavera, señalado en escándalos de corrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En 2022, obtuvo una de las mayores votaciones en Bucaramanga, aunque testigos han denunciado presuntas irregularidades en su campaña. Su oposición a la reforma responde a la postura de independencia adoptada por el Partido Liberal frente al gobierno.
Honorio Miguel Henríquez Pinedo (Centro Democrático)
Senador del Magdalena y figura cercana al expresidente Álvaro Uribe. Inició su carrera política en el primer gobierno de Uribe como secretario general del Ministerio del Interior. Es sobrino del exsenador Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica. Ha sido financiado por el grupo Daabon, vinculado al escándalo de Agro Ingreso Seguro. Su rechazo a la reforma laboral está alineado con la férrea oposición del Centro Democrático a las políticas del actual gobierno.
José Alirio Barrera Rodríguez (Centro Democrático)
Exgobernador de Casanare, conocido por ingresar un caballo al Congreso en un acto polémico. Su carrera política ha estado vinculada a figuras investigadas como Óscar Iván Zuluaga y el exalcalde «Jhon Calzones», condenado por lavado de activos. Su negativa a la reforma responde a su cercanía con sectores agropecuarios y ganaderos, cuyo modelo económico podría verse afectado por los cambios propuestos en la legislación laboral.
Nadia Blel Scaff (Partido Conservador)
Senadora cartagenera e hija del excongresista Vicente Blel, condenado en 2010 por parapolítica y sus nexos con grupos paramilitares. Ha sido reelegida en varias ocasiones, consolidando una estructura política en Bolívar. Su voto contra la reforma refuerza la postura del Partido Conservador, que ha manifestado su desacuerdo con los cambios en el modelo laboral.
Esperanza Andrade (Partido Conservador)
Representante del influyente clan Andrade en el Huila. Su hermano, Hernán Andrade, ha enfrentado investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña y un escándalo de desfalco en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Esperanza Andrade ha sido criticada por su baja asistencia al Congreso, figurando en informes ciudadanos sobre el ausentismo legislativo.
Beatriz Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres)
Senadora de la bancada cristiana, vinculada a la iglesia Asambleas de Dios. Antes de llegar al Congreso, trabajó en el Ministerio del Interior impulsando recursos para organizaciones religiosas. Aunque ha promovido leyes en favor de la mujer, su voto contra la reforma afecta a trabajadoras domésticas, madres comunitarias y empleadas de programas sociales.
Ana Paola Agudelo García (MIRA)
Senadora del partido MIRA, ligado a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Su líder, María Luisa Piraquive, ha sido investigada en Colombia y EE.UU. por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque ha impulsado iniciativas para el empleo juvenil, su voto podría perjudicar a miles de jóvenes en busca de estabilidad laboral.
Sor Berenice Bedoya Pérez (ASI)
Senadora con una trayectoria poco mediática pero influyente en su partido. Se destacó por liderar un proceso disciplinario contra el exsenador Jonatan Tamayo, «Manguito». Ha sido criticada en redes por quejarse del salario de los congresistas, pese a recibir más de 40 millones de pesos al mes. Su voto contra la reforma laboral afecta especialmente a trabajadores de bajos ingresos.
Reacciones y movilizaciones
El archivo de la reforma ha generado indignación en sectores sindicales y ciudadanos. Mientras estos senadores mantienen sus privilegios, millones de colombianos seguirán enfrentando condiciones laborales precarias, informalidad y despidos sin garantías.
El 18 de marzo, diversas organizaciones han convocado movilizaciones en todo el país para exigir la reapertura del debate sobre la reforma laboral. Ante el rechazo legislativo, el presidente Petro ha planteado la posibilidad de someter la iniciativa a una consulta popular, para que sea el pueblo quien decida sobre su futuro.
carloscastaneda@prensamercosur.org
