Imagen Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga
La Contraloría General de la República ha abierto 522 procesos de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en el sector salud, con un impacto económico que supera los $11 billones. Estos hallazgos, resultado de auditorías y actuaciones especiales, reflejan una gestión marcada por el seguimiento exhaustivo del ente de control a los fondos destinados a garantizar la atención médica en el país.
En su balance de gestión desde 2022, la Contraloría ha emitido 111 imputaciones de responsabilidad fiscal por un monto de $498.539 millones y ha ejecutado 41 fallos definitivos que suman $542.995 millones en detrimento del sistema de salud. Además, el proceso de fiscalización ha permitido recuperar $185.080 millones, incluyendo $10.849 millones resarcidos y $174.230 millones recaudados mediante cobro coactivo.
Actualmente, hay 563 procesos de responsabilidad fiscal en curso por una suma superior a los $11 billones y 148 indagaciones preliminares que involucran otros $527.316 millones. Estas cifras evidencian la magnitud de las irregularidades detectadas y la vigilancia permanente sobre el uso de los recursos públicos en salud.
Bajo la administración del contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el ente de control ha intensificado su supervisión, implementando herramientas como el Grupo Especial Élite y el sistema de información DIARI, que permite rastrear el flujo de los pagos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y prestadores finales. Esto ha sido clave para identificar desviaciones y mal uso de los dineros públicos.
Las auditorías han revelado fallos críticos, como el incumplimiento de indicadores de habilitación financiera por parte de las EPS, el uso indebido de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y problemas en el financiamiento de los presupuestos máximos. Solo en 2024, las investigaciones han arrojado 871 hallazgos administrativos, de los cuales 182 tienen presunta incidencia fiscal por $181.049 millones.
Uno de los casos más relevantes involucra al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), que entre 2023 y 2024 ha acumulado hallazgos fiscales por más de $436.000 millones. También se han identificado pagos de EPS a IPS por $5 billones sin facturas ni soportes, lo que ha generado indagaciones preliminares para esclarecer el destino de estos fondos.
El Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo ha sido una pieza clave en esta lucha contra la corrupción en el sector salud, liderando las investigaciones y reafirmando el compromiso del ente de control en garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. «No puede afirmarse que la Contraloría ha estado ausente en el debate de la salud cuando es la entidad que ha generado los informes más contundentes que evidencian múltiples irregularidades», enfatizó.
En este sentido, las investigaciones han revelado que más de 14 EPS no cumplen con los requisitos financieros para operar, incluyendo la obligación de mantener reservas técnicas y garantizar liquidez. Adicionalmente, la Contraloría ha emitido 14 alertas sobre irregularidades en la construcción de hospitales financiados por el Ministerio de Salud en diversas regiones del país, lo que pone en duda la eficacia de las inversiones en infraestructura sanitaria.
Las investigaciones continúan y los resultados podrían derivar en nuevas sanciones y procesos judiciales. Mientras tanto, la Contraloría reafirma su compromiso de garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en el sistema de salud, con un papel destacado del Vicecontralor Zuluaga en esta cruzada por la legalidad.
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