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En una maniobra que ha desatado alarma sobre la transparencia electoral en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificó su reglamento interno para impedir que el magistrado Altus Baquero asumiera la presidencia del organismo, permitiendo que Álvaro Hernán Prada prolongue su mandato hasta 2026. Esta decisión, que contó con seis votos a favor de los nueve posibles, fortalece el control del tribunal en manos de la oposición y pone en entredicho la imparcialidad de la entidad en vísperas de los comicios presidenciales.
El ajuste reglamentario, impulsado por el magistrado Alfonso Campo Martínez, se produce en un contexto en el que el CNE adelanta investigaciones sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 por presunta violación de topes electorales. Prada, quien seguirá al frente del organismo, es uno de los magistrados a cargo del expediente junto con Benjamín Ortiz, del Partido Liberal. La continuidad de Prada al mando del CNE, en un momento clave para la política nacional, refuerza la percepción de que el tribunal electoral está siendo instrumentalizado con fines políticos.
La renuncia de César Lorduy a la presidencia del CNE desencadenó esta controversia. Según las reglas previas, su reemplazo debía ser Altus Baquero, siguiendo el orden alfabético establecido. No obstante, el repentino cambio normativo frustró la transición y blindó a Prada en el cargo hasta después de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, asegurando el control del tribunal en un periodo decisivo para el país.
El historial de Prada genera aún más dudas sobre la motivación de esta jugada. Actualmente, enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia por el delito de instigación a delinquir, derivado de un mensaje publicado en la red social X en 2020, en el que replicó un comentario del abogado Hernando Herrera en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría han solicitado la preclusión del caso, su permanencia en el CNE refuerza la suspicacia sobre la utilización del organismo con fines partidistas.
El trasfondo de esta maniobra se complica con la inesperada salida de César Lorduy, quien decidió no acudir a la citación del Senado para explicar los motivos de su renuncia. En una carta enviada al secretario General del Senado, Lorduy argumentó que su ausencia se debía a un compromiso previo, relacionado con una audiencia pública sobre la revocatoria de un alcalde. Aun así, su salida allanó el camino para que la mayoría alineada con la oposición en el CNE alterara las reglas del juego en favor de Prada.
La prolongación de su mandato no solo bloquea la llegada de un magistrado cercano al progresismo a la presidencia del tribunal, sino que también garantiza la dirección del CNE bajo una estructura favorable a la oposición en un momento crítico. Con esta decisión, la entidad encargada de velar por la transparencia electoral queda envuelta en cuestionamientos sobre su independencia y legitimidad.
El hecho de que uno de los principales investigadores de la campaña de Gustavo Petro haya asegurado su permanencia en el poder mediante una reforma de última hora refuerza las sospechas sobre la politización del CNE. La confianza en el sistema electoral colombiano, ya frágil, enfrenta un nuevo desafío en medio de maniobras que comprometen la equidad de los procesos democráticos en el país.
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