Germán Calderón España, Abogado Constitucionalista Colombiano.
La crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha escalado a niveles insólitos, con episodios que recuerdan los polémicos consejos de ministros transmitidos en televisión. La reciente disputa por la presidencia de esta entidad no solo ha evidenciado un desconocimiento del reglamento interno, sino que también ha generado una tormenta jurídica y política que podría tener implicaciones en la estabilidad democrática del país.
Tras la renuncia irrevocable del magistrado César Lorduy, el magistrado Álvaro Prada asumió la presidencia del CNE. Sin embargo, lejos de seguir las normas establecidas, Prada busca extender su mandato por un año más, lo que implicaría una alteración del reglamento interno de la corporación. Esta maniobra ha sido señalada como una posible violación a la institucionalidad electoral y ha provocado reacciones de expertos en derecho constitucional, como Germán Calderón España, quien ha advertido sobre las graves consecuencias de desconocer las normas establecidas para la rotación en la presidencia de este organismo clave en la democracia colombiana.
El artículo 16 de la Resolución 65 de 1996, que regula el funcionamiento interno del CNE, establece con claridad que la presidencia debe rotar siguiendo un orden predefinido. En la sesión del 25 de febrero de 2025, Prada intentó modificar este reglamento para prorrogar automáticamente su periodo, encontrando una fuerte resistencia por parte de varios magistrados, quienes denunciaron el evidente conflicto de intereses y defendieron el respeto a las normas vigentes. Según Calderón España, la modificación del reglamento interno de un organismo de esta naturaleza no puede responder a intereses particulares, sino a principios de legalidad y transparencia que garanticen la imparcialidad de sus decisiones.
El intento de Prada por mantenerse en el cargo ha derivado en una recusación, dado que la reforma del reglamento lo beneficiaría directamente. No obstante, en lugar de apartarse para que la Sala Plena resolviera la recusación, el magistrado decidió negarla de plano, generando aún más controversia y llevando el caso ante la justicia constitucional a través de una acción de tutela. Calderón España enfatiza que este tipo de maniobras erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y podrían sentar un peligroso precedente para futuros procesos dentro del CNE.
Este debate sigue abierto y será definido en la próxima sesión del CNE. Según el artículo 33 del reglamento, cualquier modificación a las normas internas requiere el voto de al menos dos tercios de los miembros del Consejo en dos sesiones ordinarias. En este tenso escenario, muchos se preguntan si la segunda sesión será televisada, como los recordados consejos de ministros, pues la trama parece digna de un ‘reality show’ político. Más allá de la polémica, la falta de una resolución clara ha generado incertidumbre sobre el futuro de la presidencia del CNE y su impacto en los procesos electorales venideros.
Lo que está claro es que, más allá de las maniobras políticas, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. En este caso, el intento de reinterpretar las normas a conveniencia ha desatado una crisis que solo la legalidad podrá resolver. Calderón España advierte que si este tipo de situaciones no se abordan con rigurosidad jurídica, se corre el riesgo de debilitar el sistema democrático y dar cabida a interpretaciones discrecionales que pueden comprometer la independencia y autonomía de los órganos electorales.
El desenlace de esta controversia no solo definirá el futuro inmediato de la presidencia del CNE, sino que también servirá como un termómetro para medir el respeto a las reglas del juego democrático en el país. Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a lo que suceda en la próxima sesión, donde se determinará si Prada logra mantenerse en el cargo o si, por el contrario, se respeta la norma y se da paso a una nueva presidencia conforme al orden establecido. Sin duda, este episodio ha dejado en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y vigilancia para evitar que intereses personales primen sobre la institucionalidad.
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