Incorporó un artículo al presupuesto 2023 que permite que se les detraigan recursos de la coparticipación para garantizar el pago que adeuden las distribuidoras. Hubo reclamos en Diputados y se buscará una redacción alternativa.
Un artículo del proyecto de presupuesto 2023 que presentó el gobierno nacional generó reparos en la Cámara de Diputados, en particular en los bloques que responden a las provincias. La propuesta implica que estas sean responsables solidarias por las deudas que tienen las distribuidoras eléctricas con Cammesa, con la posibilidad de que se les detraigan recursos de la coparticipación para saldarlas.
Uno de los que se mostró en desacuerdo fue el rionegrino Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), quien evaluó que «no es la solución» y reclamó que Cammesa «tiene que hacer su trabajo y gestionar el cobro a todas las distribuidoras, incluidas las del AMBA que no son concesiones provinciales y son las que más deuda acumulan».
El legislador también anticipó la presentación de un proyecto para obligar a las distribuidoras a depositar directamente en una cuenta de Cammesa la porción de la factura que corresponde al costo de generar la energía. «Así podemos evitar este fraude que privilegia sólo a algunos a costa del esfuerzo de todos», sostuvo.
El diputado neuquino por el Frente de Todos, Guillermo Carnaghi, explicó a RÍO NEGRO que la legislación actual hoy permite a Cammesa interrumpir el suministro eléctrico frente a incumplimientos en los pagos a las distribuidoras, algo «de imposible cumplimiento».
«Lo que se buscó con este artículo es una forma para que, aquellas que son deudoras, puedan pagar», indicó.
El artículo en cuestión es el 90° del proyecto y establece que el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, «deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción».
El texto otorga un plazo de seis meses para que cada jurisdicción encuentre y ordene una forma de garantizar los pagos de las facturas y, a la vez, establece como responsables solidarias a las provincias.
Vencido ese plazo, el gobierno nacional «podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a Cammesa» cada una de las distribuidoras.
Buscarán otra redacción
Según precisó Carnaghi, la propia secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, explicó a los diputados este artículo en una reunión informativa que se hizo el martes y mencionó que, de 24 jurisdicciones, son siete las que registran deuda.
«Incluso dijo que algunos distritos tienen deudas de más de 11 años, con lo cual están buscando una forma de regularizar», añadió el diputado, quien indicó que «hay acuerdo general sobre el fondo, de tener una forma coercitiva de cobrar las deudas, pero quizás retener la coparticipación no sea lo mejor y por eso se está buscando una nueva redacción».
Insistió con que «está en debate la forma», pero que hay consenso sobre la necesidad de buscar una forma de terminar con la «inequidad entre quienes cumplen y quienes no».
Los diputados tendrán una tercera reunión informativa sobre la ley de presupuesto este martes y, la semana que viene, comenzarán el debate para emitir dictamen.
Las deudas neuquinas
El año pasado, CALF hizo un acuerdo para refinanciar una deuda acumulada de 2.291,7 millones de pesos, el equivalente a casi diez facturas consecutivas de la energía que mensualmente le compra a Cammesa.
El acuerdo incluyó la condonación del 40% y un plan de pago de 1.375 millones de pesos, con un período de gracia de seis meses y 60 cuotas mensuales.
En cuanto al EPEN, en el 2020 acumulaba una deuda de más de 1.000 millones de pesos.
Fuente RN
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