

El sector agrario español enfrenta una encrucijada tras los recientes anuncios internacionales que podrían impactar de manera significativa su sostenibilidad. La amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos, sumada al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, ha generado una profunda preocupación entre los agricultores y ganaderos, quienes ven peligrar su competitividad en un mercado cada vez más globalizado. En este contexto, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha alzado la voz para reclamar medidas que garanticen condiciones equitativas de producción y comercio.
Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, expresó su inquietud durante la inauguración de una nueva sede en Burgos. En su intervención, dejó claro que el sector no dudará en movilizarse si no se toman acciones contundentes para proteger los intereses de los productores españoles. «Si se ponen aranceles a los fertilizantes y se sigue por el camino que se va, volveremos a salir a la calle», advirtió.
La decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de la Unión Europea representa un desafío considerable para el sector agrario. Según Barato, esta medida podría complicar aún más la situación para los agricultores españoles, quienes ya enfrentan costos elevados en insumos como los fertilizantes. «La situación no puede ser peor; va a haber complicaciones tanto para lo que vendemos como para lo que necesitamos para producir», afirmó.
El impacto de estos aranceles no solo afectaría las exportaciones agrícolas, sino también el acceso a productos esenciales para la producción, lo que incrementaría los costos operativos de las explotaciones. Este escenario amenaza con agravar una situación ya de por sí difícil para el sector, que lucha por mantenerse competitivo en un entorno de precios estancados y crecientes exigencias regulatorias.
Otro punto crítico señalado por Asaja es el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Si bien este pacto busca fomentar el intercambio comercial entre ambas regiones, también plantea serias preocupaciones para los productores europeos debido a las diferencias en las normativas de producción.
Barato destacó que en países de Mercosur se permite el uso de productos y prácticas prohibidas en Europa, como los neonicotinoides, la fumigación aérea y el uso de hormonas en el ganado. Estas discrepancias generan una competencia desleal que podría perjudicar gravemente a sectores clave como el de la remolacha y la ganadería avícola. «No se han conseguido las cláusulas espejo que tanto prometieron los partidos europeos», lamentó Barato, señalando que estas cláusulas habrían garantizado condiciones similares para todos los productores involucrados en el acuerdo.
La falta de estas garantías pone en desventaja a los agricultores europeos, quienes deben cumplir con estrictas normativas ambientales y de seguridad alimentaria que no se aplican en los países del Mercosur. Según Barato, esta situación podría resultar en un «golpe muy duro» para el sector ganadero español, ya afectado por las crecientes exigencias burocráticas impuestas por la Política Agrícola Común (PAC).
En este contexto, Asaja hace un llamado a la unidad del sector agrario para enfrentar estos desafíos. «El campo debe estar unido, especialmente a la hora de reivindicar y exigir a los gobiernos medidas que garanticen su bienestar», subrayó Barato. La organización no descarta la posibilidad de nuevas movilizaciones si no se alcanzan acuerdos que protejan los intereses del sector.
Por su parte, Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja en Castilla y León, destacó las dificultades económicas que enfrentan los productores agrícolas. Señaló que el precio del cereal se mantiene al mismo nivel que hace 40 años, mientras que los costos de producción se han multiplicado. «Eso nos obliga a producir más de 3.500 kilos de media solo para cubrir los costos», explicó. Esta situación es particularmente preocupante en provincias como Burgos, considerada el «granero» de Castilla y León y una de las más afectadas por esta crisis.
El sector agrario español se encuentra en un momento crítico, amenazado por decisiones internacionales y acuerdos comerciales que podrían poner en jaque su viabilidad económica. Ante este panorama, Asaja reclama medidas urgentes para garantizar condiciones equitativas de producción y comercio, así como una reducción de la carga burocrática impuesta por la PAC.
La unidad del sector y el diálogo con las autoridades serán clave para superar estos desafíos. Sin embargo, si no se toman acciones concretas, los agricultores y ganaderos españoles están dispuestos a volver a las calles para defender su futuro y el del campo español.
