

Giovanny Rubiano, Supersalud
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, reafirmó el compromiso inquebrantable de la entidad con la protección del derecho a la salud de los colombianos y la lucha frontal contra la corrupción en el sector. En línea con las directrices del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia ha intensificado sus labores de inspección, vigilancia y control para garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados al sistema de salud.
“Desde el mismo momento en que asumí esta posición, he sido contundente: no vamos a permitir que los recursos del sistema de salud sean desviados o utilizados para fines distintos a los previstos para la protección y defensa del derecho a la salud de los colombianos”, advirtió Rubiano García.
Intervención en Coosalud: un golpe contundente a la corrupción
Uno de los casos más recientes que ha puesto en el centro del debate la gestión de la Superintendencia es la intervención forzosa a la EPS Coosalud. Luego de una auditoría realizada el 25 de septiembre de 2024, se encontraron evidencias de graves deficiencias administrativas, financieras y asistenciales que comprometían la seguridad de los afiliados.
La situación se agravó cuando se descubrió un presunto desfalco superior a los 200 mil millones de pesos. Según la investigación, en diciembre de 2022, Coosalud EPS garantizó un crédito otorgado por el Banco GNB Sudameris S.A. a la empresa COOSALUD INVERSA S.A., y en noviembre de 2024 se reportó el incumplimiento del pago, lo que activó cláusulas que derivaron en la transferencia de 206 mil millones de pesos de fideicomisos relacionados con la EPS.

Este millonario movimiento de recursos encendió las alarmas de la Superintendencia, que evidenció un posible uso indebido de fondos públicos. Las pruebas fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General para que adelanten las investigaciones correspondientes. “El informe de hallazgos plantea no solo dudas sobre el manejo de los recursos de Coosalud EPS, sino una presunta desviación de dineros públicos que debe ser investigada y sancionada”, sostuvo Rubiano García en declaraciones ante los medios.
Además, el equipo interventor de la Supersalud encontró que el representante legal de Coosalud EPS, Jaime González, ostentaba simultáneamente la representación legal de la empresa deudora en el momento de la firma del contrato crediticio, lo que podría configurar un claro conflicto de intereses. La gravedad del hallazgo refuerza la necesidad de que las entidades de control tomen medidas inmediatas para evitar que estos actos sigan poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de salud.
Vigilancia reforzada en el Fomag: garantizando la salud de los maestros
Además del caso Coosalud, la Supersalud ha intensificado su vigilancia sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y su administración por parte de la Fiduprevisora. Entre las acciones implementadas destacan:
- Citaciones a la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional para esclarecer el proceso de terminación de contratos y el nuevo modelo de atención.
- Auditorías integrales realizadas entre mayo y diciembre de 2024 en diferentes regionales del país.
- Participación en mesas de garantía de derechos para los maestros y sus familias.
- Medidas de inspección en la atención materno-perinatal y la lucha contra la desnutrición infantil, lo que derivó en la emisión de la resolución 2024500000014420-6 en octubre de 2024, con órdenes de cumplimiento inmediato para los actores del sistema en el Chocó.
- Mesas de aseguramiento en salud y flujo de recursos en departamentos como La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda y Caldas, que han resultado en planes de mejoramiento y acciones de control administrativas.
- Inspección de la entrega de medicamentos a nivel nacional, identificando fallas críticas en los procesos de distribución que han afectado a miles de docentes y sus familias.

La Superintendencia también ha impulsado reformas en la gestión de recursos del magisterio para mejorar la transparencia en el manejo presupuestal y la contratación de prestadores de servicios de salud.
Una estrategia de vigilancia que se fortalecerá en 2025
Para el 2025, la Superintendencia Nacional de Salud continuará con un plan de auditorías a entidades responsables de la entrega de medicamentos, así como a las diferentes regionales del país, con el fin de garantizar la correcta prestación de los servicios de salud a la población afiliada al magisterio.
Rubiano García enfatizó que no habrá tregua para quienes intenten lucrarse indebidamente con los recursos de la salud. “Vamos a seguir en pie de lucha, con una supervisión estricta, sancionando a los infractores y garantizando que los colombianos reciban la atención en salud que merecen”, concluyó.
Con estas acciones, el Gobierno Nacional y la Supersalud ratifican su compromiso en la defensa del derecho fundamental a la salud y en la erradicación de la corrupción en todos los niveles del sistema sanitario.
carloscastaneda@prensamercosur.org
