Camaristas otorgan arresto domiciliario a asaltantes de transportadoras pese a oposición fiscal

Camaristas otorgan arresto domiciliario a asaltantes de transportadoras pese a oposición fiscal

Ciudad del Este – La Primera Sala Penal de la Cámara de Apelaciones concedió el arresto domiciliario a tres de los nueve procesados por el violento asalto a la transportadora Transur S.A., ocurrido en octubre del año pasado. La decisión se tomó pese a la firme oposición del fiscal Alcides Giménez y la jueza penal de garantías Alba Meza, quienes consideran a los beneficiados como cabecillas de la banda criminal.

El tribunal, integrado por los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Nilda Cáceres, hizo caso omiso a las evidencias del proceso, incluyendo el enfrentamiento a tiros con la Policía durante la fuga de los delincuentes.

Modificación de medidas cautelares

El primero en obtener el arresto domiciliario fue Brígido David Romero Candado, a finales de enero. Posteriormente, el 13 de febrero, también fueron beneficiados Jesús Abdo Ramón Silvero y Juan Ángel Rojas Meza. En los tres casos, la Fiscalía se opuso enérgicamente, argumentando el alto nivel de peligrosidad de los procesados y su rol dentro del esquema delictivo.

Junto a ellos, permanecen imputados Elvio González Vázquez, Pedro Javier Espínola Pereira, Juan Alberto Benítez González, Derlis Osmar Bogado Alcaraz, José de Jesús Ríos Cardozo y Víctor Marcelo Vera, quienes habrían participado en el asalto al camión Kia 2.700, sustraído en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este. La banda utilizó una camioneta Toyota Hilux con logotipos falsos de la empresa de seguridad privada Los Guardianes, además de un automóvil Toyota IST.

Cuestionamientos a la Cámara de Apelaciones

Los intentos de los defensores por modificar las medidas cautelares fueron rechazados en primera instancia, pero posteriormente aprobados en la Cámara de Apelaciones. La investigación fiscal señala a los imputados por robo agravado, violación de la ley de armas y asociación criminal, delitos que suelen ameritar prisión preventiva.

La concesión del arresto domiciliario ha generado críticas y sospechas sobre una presunta selectividad en el Tribunal de Alzada, dado que la decisión favoreció a quienes la Fiscalía identifica como los principales líderes de la organización criminal.