Las nuevas normativas ambientales de la Unión Europea, en particular la resolución 1115 sobre no deforestación, han encendido las alarmas en el sector agropecuario argentino y en otros países del Mercosur. Estas regulaciones, que comenzarán a aplicarse en 2026, buscan garantizar que productos como la soja, la carne, el café y el cacao no estén asociados a prácticas que promuevan la deforestación. Sin embargo, desde Argentina, productores y representantes del sector consideran que las medidas son unilaterales y podrían tener graves repercusiones económicas y sociales.
Rodolfo Rossi, presidente de AcSoja, destacó la importancia de un trabajo conjunto entre el gobierno argentino y las entidades productivas para enfrentar esta situación. «Hemos solicitado al gobierno que exprese un rechazo a esta medida por varias razones», afirmó Rossi, subrayando que las disposiciones europeas desconocen las legislaciones nacionales existentes y representan un riesgo para la soberanía de los países exportadores.
Desde AcSoja y otras instituciones locales, se argumenta que la resolución 1115 no toma en cuenta los esfuerzos ya realizados por países como Argentina para regular el uso de la tierra y prevenir la deforestación. «Argentina cuenta con una legislación suficiente en esta materia, y nuestras zonas productivas presentan un riesgo bajo de deforestación», explicó Rossi. Además, recordó que Europa, históricamente, ha sido uno de los continentes con mayor impacto en términos de deforestación.
El presidente de AcSoja también señaló que estas regulaciones imponen exigencias desproporcionadas a los productores locales y podrían afectar gravemente la competitividad de las exportaciones argentinas. «La ganadería y la agricultura han generado efectos positivos en los países en desarrollo, pero imponer normas estrictas a nivel predial afecta nuestra soberanía», agregó.
La soja y la carne, dos de los pilares del comercio exterior argentino, están en el centro del debate. Según Rossi, estas normativas no solo amenazan con limitar el acceso al mercado europeo, sino que también podrían sentar un precedente para incluir otros cultivos como el maíz en el futuro.
Por su parte, Brasil enfrenta regulaciones similares sobre el café y el cacao, lo que ha llevado al país vecino a adoptar una postura firme de rechazo. En contraste, Uruguay parece seguir una línea más conciliadora. «En el Mercosur hay posturas diversas, pero mantenemos una colaboración estrecha con Brasil, el país más afectado por estas medidas», aseguró Rossi.
Ante este panorama, Argentina ha intensificado su trabajo con los demás países del Mercosur para presentar una postura común frente a la Unión Europea. El Grupo de Ministros de Agricultura del Mercosur (CAS) se ha convertido en un espacio clave para coordinar estrategias y canalizar reclamos. «Es fundamental que actuemos como bloque regional para defender nuestros intereses comunes», destacó Rossi.
Además, se han realizado reuniones con organismos nacionales como la Secretaría de Agricultura y la Cancillería argentina para gestionar esta solicitud a nivel internacional. La coordinación entre entidades locales e internacionales resulta esencial para evitar impactos negativos en las principales exportaciones del país.
A las complicaciones derivadas de las normativas europeas se suma otro desafío: las condiciones climáticas adversas que han afectado a vastas regiones productivas de Argentina. Según Rossi, la actual campaña de soja enfrenta pérdidas significativas debido a una sequía severa. «Después de condiciones ideales de siembra, nos encontramos con un clima que no nos favorece y genera márgenes muy ajustados para los productores», lamentó.
El impacto del clima no solo afecta a los productores argentinos, sino que también pone en evidencia las desigualdades globales. Mientras Brasil y Estados Unidos han tenido campañas más favorables, Argentina lidia con pérdidas económicas en un contexto ya complicado por las exigencias externas.
A pesar de los desafíos actuales, desde AcSoja y otras entidades productivas se trabaja intensamente para buscar soluciones. La clave está en abrir canales de negociación con Europa que permitan alcanzar acuerdos más equilibrados y respetuosos de las realidades locales. «No estamos en contra de cuidar el medio ambiente; al contrario, creemos que es un tema global que requiere soluciones globales», enfatizó Rossi.
El camino hacia 2026 será crucial para determinar cómo se implementarán estas normativas y qué impacto tendrán en las economías del Mercosur. Por ahora, Argentina apuesta por fortalecer su diálogo interno y regional para enfrentar este desafío con una estrategia sólida y unificada.
