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En un esfuerzo sin precedentes para garantizar la transparencia y efectividad de las medidas gubernamentales en el marco del estado de conmoción interior, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han unido esfuerzos para realizar un seguimiento riguroso a la implementación de los decretos expedidos y la administración de los recursos destinados a esta crisis.
El estado de conmoción interior, decretado el pasado 24 de enero de 2025 por un período de 90 días, abarca 19 municipios y dos resguardos indígenas en la convulsa región del Catatumbo. Frente a este escenario, los órganos de control han articulado un mecanismo de vigilancia integral, soportado en tecnologías de información, que permitirá monitorear en tiempo real la ejecución de las medidas excepcionales y el uso de los recursos públicos.
Seguimiento de la Contraloría: Control Fiscal en Acción
Desde la declaratoria del estado de excepción, la Contraloría General ha desplegado un monitoreo permanente mediante la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y las Contralorías Delegadas Sectoriales. El control se centra en la georreferenciación de los municipios afectados, la supervisión de la contratación pública y la fiscalización del uso de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones y el Presupuesto General de la Nación.
Para ello, se han implementado tres modelos de análisis de datos:
- Modelo de Georreferenciación: Identificación y monitoreo de los municipios prioritarios, analizando factores como protección ambiental, deforestación, presencia de cultivos ilícitos y grupos armados ilegales.
- Modelo de Contratación: Seguimiento detallado de contratos en ejecución desde la declaratoria del estado de excepción, evaluando las modalidades de contratación y el origen de los recursos.
- Modelo de Cadena Presupuestal: Vigilancia sobre la asignación y ejecución de los recursos destinados a la crisis, diferenciando entre gastos de inversión y funcionamiento.
Intervención de la Procuraduría: Defensa de los Derechos Humanos
Desde el inicio de la crisis humanitaria, la Procuraduría General conformó dos comisiones con funcionarios nacionales y territoriales para atender de inmediato la toma de declaraciones de personas desplazadas, la supervisión de albergues y la garantía de atenciones en salud, educación y protección a poblaciones vulnerables.
Además, mediante la Resolución 20 del 31 de enero de 2025, el Procurador General creó una comisión especial para hacer seguimiento a la implementación de las medidas adoptadas en el Catatumbo. Esta comisión, coordinada por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, ha impulsado mesas técnicas con entidades clave para evaluar la eficiencia de la ejecución de recursos y el impacto de las medidas excepcionales.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Las instituciones bajo seguimiento incluyen el Ministerio de Hacienda, la DIAN, el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Defensa, Agricultura, Vivienda, Medio Ambiente y Minas y Energía, así como las administraciones locales de los municipios afectados. Los resultados de estas auditorías y mesas técnicas serán presentados periódicamente a la comisión accidental de la Cámara de Representantes encargada de estudiar la declaratoria del estado de conmoción interior, garantizando la transparencia y el control social en el proceso.
La articulación entre la Procuraduría y la Contraloría marca un hito en la supervisión interinstitucional, asegurando que las medidas extraordinarias adoptadas en el Catatumbo se implementen con rigurosidad y respeto por los derechos fundamentales de la población afectada.
carloscastaneda@prensamercosur.org
