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La Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria contra el embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por presuntas conductas que vulneran sus obligaciones familiares y por posibles actos de violencia contra su expareja.
El organismo de control indaga si el diplomático incumplió el compromiso de facilitar el regreso de sus hijos a Colombia a finales de enero, lo que habría derivado en una presunta retención indebida en el extranjero. Además, analiza denuncias sobre posibles episodios de violencia intrafamiliar. Las versiones indican que la expareja del funcionario habría enfrentado diversas situaciones de maltrato y amenazas, lo que motivó la intervención de las autoridades disciplinarias.
En aplicación del enfoque diferencial de género y en cumplimiento de los derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, la Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ha reconocido a la expareja del investigado como víctima dentro del proceso disciplinario. Esta decisión busca garantizar su protección y el acceso a la justicia, permitiendo que su testimonio sea considerado con un trato especial y ajustado a los estándares internacionales de derechos humanos.
La Procuraduría reiteró que las mujeres tienen derecho a no ser sometidas a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a vivir libres de discriminación y a la seguridad personal, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Colombia. Asimismo, enfatizó en la responsabilidad del Estado de garantizar la protección de quienes denuncian hechos de violencia intrafamiliar y de tomar medidas efectivas para evitar nuevas vulneraciones.
El proceso busca esclarecer la ocurrencia de los hechos, determinar si configuran una falta disciplinaria y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían desarrollado, así como la posible responsabilidad del funcionario. Se espera que en las próximas semanas se practiquen pruebas y se adelanten diligencias para determinar si existen méritos para sanciones disciplinarias o medidas adicionales.
Este caso ha despertado una ola de reacciones en diversos sectores de la sociedad y de la diplomacia colombiana. Organizaciones de derechos humanos han solicitado que se brinden garantías para la protección de la víctima y sus hijos, así como una investigación rigurosa y transparente. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que estará atento a los avances del proceso y tomará las medidas necesarias según la normativa vigente.
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