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La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra Miguel Ángel Huertas Pineda, exsecretario de Gobierno del municipio de Boyacá (2020-2023), por su presunta responsabilidad en la contratación irregular de un ingeniero para desempeñar funciones de abogado.
Las investigaciones revelan que Huertas Pineda elaboró los estudios previos para contratar a un ingeniero industrial con el fin de brindar asesoría y asistencia jurídica a la comunidad, en el marco del programa de formalización y legalización de predios rurales. Esta acción habría vulnerado la normativa vigente al asignar una labor técnicamente ajena a la formación del profesional contratado.
Según el Ministerio Público, el exfuncionario incurrió en una falta disciplinaria al participar en la etapa precontractual sin observar el principio de economía, ya que los estudios previos carecían de congruencia. Por la gravedad de la presunta irregularidad, la falta ha sido calificada de manera provisional como gravísima a título de culpa grave.
Este caso genera preocupación sobre la transparencia en la administración pública y pone en evidencia la necesidad de mayor rigurosidad en los procesos de contratación estatal. La asignación de contratos en el sector público debe responder a criterios técnicos adecuados para evitar situaciones en las que los recursos del Estado se administren de manera deficiente, afectando el bienestar de la comunidad.
Fuentes cercanas al proceso han manifestado que este tipo de irregularidades no solo comprometen la eficiencia del gobierno local, sino que también pueden generar graves consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados. La Procuraduría continúa adelantando las investigaciones para determinar con exactitud el impacto de esta contratación y evaluar si existen otros responsables dentro de la administración municipal de Boyacá.
Por su parte, la comunidad ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que estas irregularidades se repitan en futuras administraciones. Organizaciones civiles han hecho un llamado a las autoridades de control para que refuercen las auditorías y mecanismos de vigilancia, con el fin de garantizar que los recursos destinados a programas sociales se utilicen de manera adecuada y eficiente.
Mientras el proceso disciplinario sigue su curso, el caso de Miguel Ángel Huertas Pineda se convierte en un ejemplo más de la necesidad de fortalecer las normas de contratación pública en Colombia, asegurando que las decisiones administrativas se alineen con los principios de transparencia, eficiencia y legalidad.
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