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La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos disciplinarios contra los concejales de Bucaramanga, Jorge Édgar Flórez Herrera y Carlos Felipe Parra Rojas, por su presunta conducta irrespetuosa y desafiante dentro del recinto del Concejo. Ambos funcionarios, elegidos para el periodo 2024-2027, protagonizaron un enfrentamiento verbal en plena plenaria, en el Salón ‘Luis Carlos Galán Sarmiento’.
El altercado ocurrió durante el cierre de las sesiones extraordinarias, momento en el que los corporados habrían intercambiado palabras ofensivas y provocaciones, llegando incluso a incitarse mutuamente a una confrontación física, todo ello ante la presencia de ciudadanos y colegas. Testigos del hecho afirman que la discusión escaló rápidamente de una diferencia de opiniones a una situación de alta tensión, donde el respeto institucional quedó de lado y se impusieron los desafíos y los insultos.
La Procuraduría cuestionó de manera particular la actitud desafiante de Carlos Felipe Parra Rojas, quien al finalizar la sesión habría increpado a Flórez Herrera, generando una reacción airada de este último. Según la investigación, Flórez Herrera se habría puesto de pie para responderle en términos soeces y desafiarlo abiertamente, elevando aún más la tensión en el recinto. Se ha conocido que algunos de sus colegas intentaron intervenir para calmar la situación, pero la discusión continuó aún después de finalizada la sesión.
El ente de control señaló que este tipo de conductas vulneran el deber funcional de los concejales, quienes están obligados a mantener el respeto y la compostura en el ejercicio de sus funciones. La entidad enfatizó que el Concejo Municipal es un espacio donde deben primar el debate serio y el decoro institucional, y que cualquier comportamiento contrario es objeto de reproche disciplinario. Además, resaltó que este tipo de incidentes afectan la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en la capacidad de la institución para deliberar de manera responsable y constructiva.
En esta etapa procesal, la Procuraduría calificó las posibles faltas como graves, cometidas con culpa grave. Asimismo, recordó a los investigados que tienen derecho a rendir versión libre y que, en caso de aceptar los cargos, podrían acceder a beneficios procesales. De no hacerlo, enfrentarán un proceso disciplinario que podría culminar en sanciones que afectarían su permanencia en el Concejo.
El escándalo ha generado indignación en la opinión pública, que exige altura y profesionalismo en la gestión de quienes fueron elegidos para representar los intereses ciudadanos en el Concejo de Bucaramanga. Organizaciones ciudadanas y actores políticos han expresado su preocupación ante este tipo de hechos, instando a los concejales a recordar que su labor no es protagonizar altercados sino trabajar en beneficio de la comunidad. En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar, con ciudadanos exigiendo sanciones ejemplares y recordando otros incidentes recientes de falta de respeto dentro de instituciones gubernamentales.
Se espera que en los próximos días la Procuraduría avance en el proceso disciplinario y determine las sanciones correspondientes. Mientras tanto, el episodio deja un fuerte llamado de atención sobre la importancia del comportamiento ético y respetuoso en el ejercicio de la función pública.
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