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La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una advertencia contundente sobre la persistente vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano. A pesar de los esfuerzos institucionales, esta práctica sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves, extendidas e invisibilizadas en el país.
Datos recientes de la Defensoría del Pueblo revelan que en 2024 se registraron 409 casos de menores reclutados, siendo el departamento del Cauca el más afectado con 300 casos, lo que representa una alarmante concentración del 73% de los casos nacionales. La situación es aún más crítica para los menores de comunidades indígenas, quienes constituyen el 51% de las víctimas identificadas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que, en el mismo período, se iniciaron 318 procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de menores que lograron desvincularse de los Grupos Armados Organizados (GAO). Sin embargo, estas cifras no reflejan el alcance total de la problemática, ya que muchos casos permanecen ocultos por el miedo y las amenazas que rodean a las comunidades afectadas.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, la Procuraduría exhortó al Gobierno nacional a incluir de manera prioritaria la protección de la infancia en las agendas de negociación de paz con los GAO. La entidad insistió en la necesidad urgente de implementar acciones efectivas de prevención temprana, protección y garantía de entornos seguros para los menores, destacando la responsabilidad de las instituciones en eliminar todas las formas de violencia contra esta población vulnerable.
“El reclutamiento de niños y niñas no solo destruye vidas, sino que perpetúa el ciclo de violencia que ha azotado a Colombia durante décadas. Es imperativo que el Estado actúe con contundencia para proteger a nuestra niñez”, señaló la Procuraduría.
La situación en el Cauca y otras regiones afectadas subraya la urgencia de una respuesta coordinada y efectiva. La protección de los derechos de la infancia no puede seguir siendo una promesa incumplida en los procesos de paz y debe convertirse en una prioridad ineludible para el Gobierno y la sociedad colombiana en su conjunto.
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