Imagen Procuraduría de Colombia
La Procuraduría General de la Nación ha lanzado un enérgico llamado al Ministerio del Trabajo y a la Junta Nacional de Invalidez para que agilicen la resolución de más de 11 mil solicitudes de pensión por invalidez que permanecen represadas, afectando gravemente a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Durante una reunión convocada por el Ministerio Público, se establecieron compromisos concretos para que la Junta Nacional de Calificación, mediante sus salas principales y de descongestión, acelere la atención de estos trámites. La Procuraduría considera inaceptable que algunos solicitantes lleven uno, dos y hasta más de cinco años esperando una calificación de invalidez, retraso que obstaculiza su acceso a derechos fundamentales.
“No podemos permitir que la burocracia continúe negando a los ciudadanos en condición de discapacidad la posibilidad de una vida digna. Estos retrasos son una afrenta a la justicia social y a la garantía de derechos”, señaló Samuel Arrieta, Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
El impacto de estos retrasos va más allá del ámbito administrativo. Para muchos ciudadanos, la pensión por invalidez no solo representa un derecho adquirido, sino también la única fuente de ingresos para sostenerse y acceder a servicios básicos como la salud, la alimentación y la vivienda. La falta de respuestas oportunas agrava la situación de vulnerabilidad de estas personas, muchas de las cuales enfrentan serias dificultades para subsistir.
A corte del 30 de enero de 2025, las salas de descongestión han resuelto 2.652 de los 5.395 casos asignados, una cifra que la Procuraduría considera insuficiente frente a la magnitud del problema. Arrieta exhortó a la Junta Nacional de Invalidez a redoblar esfuerzos y optimizar los procesos para atender las solicitudes pendientes. “Es imperativo que las entidades involucradas trabajen de manera coordinada y eficiente para resolver esta crisis. No se trata solo de cifras, sino de vidas humanas que están en juego”, añadió.
Como parte de la estrategia de vigilancia preventiva, el ente de control anunció la implementación de mesas de seguimiento periódicas para monitorear los avances en la reducción del represamiento. Estas acciones buscan no solo agilizar los trámites, sino también garantizar que las personas en condición de discapacidad reciban respuestas oportunas y justas, en coherencia con su derecho a una protección constitucional reforzada.
La Procuraduría también hizo un llamado a la ciudadanía afectada para que denuncie cualquier irregularidad o dilación injustificada en sus procesos. Según Arrieta, “la participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar cuellos de botella y garantizar que las autoridades respondan con la celeridad que exige la situación”.
La situación actual ha generado indignación entre diversas organizaciones de derechos humanos, que han denunciado la falta de empatía y la ineficiencia de las instituciones encargadas. «Estamos hablando de personas que, además de enfrentar una discapacidad, deben lidiar con un sistema que no les brinda el apoyo necesario para vivir con dignidad», declaró un portavoz de una ONG dedicada a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
La Procuraduría reafirma su compromiso de velar por los derechos de la población vulnerable y de exigir a las entidades competentes la adopción de medidas inmediatas para resolver esta crítica situación que afecta la vida de miles de colombianos. El órgano de control no descarta la posibilidad de iniciar investigaciones disciplinarias si se detectan negligencias o irregularidades en la gestión de estos trámites.
Mientras tanto, los afectados continúan esperando, con la esperanza de que la presión institucional se traduzca en soluciones concretas y prontas que les permitan acceder a sus derechos y mejorar sus condiciones de vida.
carloscastaneda@prensamercosur.org
