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Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, se ha dado a conocer un ambicioso plan de acción que busca atender las necesidades más urgentes de las comunidades más afectadas por la crisis humanitaria, en especial en regiones como el Catatumbo. En un esfuerzo conjunto con otras entidades del Gobierno Nacional, así como con los gobiernos departamentales y locales, se están implementando estrategias para llevar agua potable, infraestructura educativa y un significativo incremento de la inversión social a estas áreas.
Francia Márquez subrayó el compromiso del Ministerio en la atención integral de las juventudes, una de las poblaciones más vulnerables en este contexto. «Estamos comprometidos en cumplirle a la juventud», afirmó la vicepresidenta, al tiempo que destacó que, desde el inicio de la crisis, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha estado presente, proporcionando atención humanitaria a niños y niñas afectados por el conflicto. «Su bienestar no puede esperar», reiteró, remarcando la urgencia de actuar ante la situación que enfrentan los más pequeños.
Además, el Ministerio de Igualdad y Equidad ha puesto en marcha un enfoque claro y decidido en la prevención de violencias basadas en género, trabajando estrechamente con las mujeres para crear comunidades más seguras y con mayores oportunidades de participación. «Queremos construir entornos donde no haya espacio para la discriminación, donde las mujeres puedan vivir sin miedo, sin violencia», explicó Márquez. Esta iniciativa refleja una política pública orientada a eliminar las desigualdades que afectan a las mujeres y, en general, a toda la población vulnerable.
En un mensaje claro y directo a los grupos armados ilegales que perpetúan la violencia en el país, Francia Márquez lanzó una advertencia tajante: «¡Dejen vivir a la gente en paz!». Este llamado a la calma y la paz resalta la firme postura del Gobierno Nacional en la búsqueda de la reconciliación y la construcción de un futuro donde el bienestar colectivo prevalezca.
Este esfuerzo coordinado subraya la prioridad del Gobierno en garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente aquellos que más han sufrido las consecuencias del conflicto armado y la desatención estatal. A través de políticas públicas claras, el Gobierno se compromete a promover un desarrollo integral en las comunidades más golpeadas por la crisis, apuntando a un futuro más justo, equitativo y libre de violencia.
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