Dos sospechosos de traficar afganos son arrestados en São Paulo

La Policía Federal realizó el lunes (23) una operación para desarticular una organización criminal especializada en el tráfico de personas. Las principales víctimas eran familias afganas que buscaban refugio en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, una terminal que concentra varios campamentos improvisados, por ser el único punto de entrada al Brasil.

En total, se ejecutaron cuatro órdenes de registro e incautación y dos de prisión preventiva. Según la Policía, los criminales atraían a las víctimas con falsas promesas de viajes a los Estados Unidos.

Las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de determinar si otras personas estaban involucradas en los delitos. El tráfico de personas está estrechamente vinculado al tráfico de órganos, al trabajo esclavo contemporáneo, a la explotación sexual y a la adopción ilegal.

La crisis más reciente para los afganos ocurrió en 2021, cuando el grupo fundamentalista Talibán retomó el poder, generando una ola de violencia y desplazamientos forzados. Según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 11 mil refugiados afganos llegaron a Brasil entre enero de 2022 y julio de 2024.

Un informe elaborado por el gobierno federal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) documenta que, entre 2021 y 2023, las líneas brasileñas de atención recibieron 537 denuncias de tráfico de personas. La mayoría de las víctimas eran mujeres adultas (59%) y niñas (18%).

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha lanzado este año el 4º Plan Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas, vigente hasta 2028. La propuesta actualizó la edición anterior, que abarcaba el período de 2018 a 2022 y estaba estructurada en seis ejes temáticos y 58 metas.

La Política Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas fue establecida en 2006. Diez años después se promulgó una ley que establece las penas para quienes lo practiquen y se determinó una pena de prisión que puede variar de cuatro a ocho años, además de una multa.

La pena puede incrementarse entre un tercio y la mitad si el delito es cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Este aumento también se aplica en otras circunstancias, como cuando las víctimas son niños, adolescentes, ancianos o personas con discapacidad, o si son llevadas fuera del país.