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En un esfuerzo conjunto por transformar la política criminal y garantizar una justicia más equitativa, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han anunciado una alianza estratégica para promover la implementación de la Ley de Utilidad Pública. Esta legislación busca brindar a mujeres condenadas por delitos cometidos en condiciones de marginalidad la posibilidad de cumplir sus penas mediante servicios comunitarios en lugar de reclusión.
La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, presentó un ambicioso plan que incluye el despliegue de kits de asesoría jurídica en los centros penitenciarios. Este kit permitirá a las mujeres privadas de la libertad identificar si cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Utilidad Pública y conocer los pasos necesarios para acceder al beneficio. Además, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, se distribuirá una guía pedagógica dirigida a jueces, asistentes sociales y defensores públicos, con el objetivo de profundizar en los conceptos de marginalidad y mujer cabeza de hogar que sustentan la norma.
Desde la Fiscalía General, la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón anunció la Directiva 002 de 2024, un documento que establece lineamientos específicos para que los fiscales incluyan en sus investigaciones la verificación de las condiciones de marginalidad y el impacto en la manutención del hogar. Esta directiva también busca que, durante los procesos de preacuerdos y sentencias, se priorice la aplicación de los beneficios previstos en la Ley de Utilidad Pública.
Por su parte, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió la Resolución 003 de 2024, que orienta a los defensores públicos en la interpretación de la ley con un enfoque de género. Esta medida busca asegurar una mayor cobertura y aplicación de las penas sustitutivas, beneficiando a mujeres cabeza de hogar que han delinquido en condiciones de vulnerabilidad.
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Durante un evento realizado en la penitenciaría El Buen Pastor de Bogotá, las tres funcionarias destacaron la importancia de esta alianza. A la fecha, 105 mujeres han sido beneficiadas con la Ley de Utilidad Pública, y se han habilitado 2.549 cupos en el país para que otras puedan cumplir sus condenas a través de servicios comunitarios en colaboración con 27 entidades aliadas, entre organizaciones sin ánimo de lucro, ONG y entidades gubernamentales.
Las cifras presentadas durante el evento revelan que en Colombia hay al menos 5.942 mujeres que podrían beneficiarse de esta medida, de las cuales 1.423 están recluidas en El Buen Pastor. “El Ministerio de Justicia no cesará en el intento de garantizar que estas mujeres puedan acceder a sus derechos y avanzar hacia una justicia restaurativa. Nuestro enfoque está en el ser humano, no en el delito”, declaró la ministra Buitrago.
La fiscal general Camargo subrayó la necesidad de incluir esta perspectiva en las investigaciones fiscales y de promover el uso de penas alternativas de manera oficiosa. Por su parte, la defensora del pueblo recordó que la implementación de esta ley enfrenta obstáculos debido al desconocimiento y la interpretación restrictiva de algunos operadores judiciales, situación que la Resolución 003 busca remediar.
El compromiso interinstitucional representa un paso firme hacia la transformación del sistema penitenciario y la promoción de alternativas que permitan a las mujeres en reclusión reconstruir sus vidas y contribuir a la sociedad, reconociendo las complejidades de su contexto y priorizando un enfoque de género y derechos humanos.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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